El Gobierno de Córdoba y las empresas constructoras negociaron un plan de pago para las obras públicas en ejecución y finalizadas en el último ejercicio. La deuda financiada rondaría los $ 1.000 millones, según información a la que tuvo acceso este medio.

Si bien no es la opción deseada por el sector privado, aceptaron la propuesta porque les permite seguir adelante con la actividad, sin pisar totalmente el freno. Por su parte, la Provincia puede continuar con obras claves, especialmente las viales, en un año que se presenta complicado para las finanzas cordobesas; situación que podría agravarse si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falla en contra de la tasa vial, cuyo monto se destina a reparación de rutas y demás otras viales.

“El monto es variable porque mes a mes se suman nuevos certificados, pero lo acordado rondaría los $ 1.000 millones”, coincidieron en asegurar dos fuentes consultadas; al tiempo que añadieron que el mecanismo es similar al acordado para las deudas de la gestión de Juan Schiaretti.

Puntualmente, las compañías presentan los certificados de avances de obras en el Banco de Córdoba (Bancor) y reciben un crédito por el 90% del valor del mismo; el cual se cancelará cuando la Provincia disponga del dinero en efectivo para afrontar ese compromiso. Las arcas cordobesas se hacen cargo no sólo de abonar el capital sino los intereses generados en un lapso no mayor a los 24 meses, de acuerdo a lo convenido entre las partes. 

Este sistema de triangulación es similar al rubricados por las obras ejecutadas en la gestión anterior. “Se está cumpliendo lo acordado oportunamente y descontamos que también se hará en esta oportunidad”, dijo un empresario. 

Esta negociación deja al descubierto las dificultades económicas provinciales para poder honrar en tiempo y forma los compromisos asumidos.

La demora en el pago de los certificados no es exclusiva de la administración provincial, ya que el Gobierno nacional y los municipios también están atrasados con el pago de las obras, algunas terminadas y otras en ejecución.

“Las empresas que tienen obras en órbita nacional, provincial y municipal están complicadas por los atrasos. No ingresan los montos previstos y tienen que pagar salarios de los trabajadores, sin afectar demasiado el ritmo de actividad”, comentó un gerente de una constructora.

Demora en actualizar precios

Otra preocupación del sector es la demora en el reconocimiento de mayores precios; un reclamo de vieja data que no encuentra solución. “Con las variaciones de costos, la cláusula gatillo debería ser casi inmediata”, sostienen los empresarios.

Lo concreto es que las contratistas deben afrontar el costo previo al reconocimiento del 8%  que dispara la cláusula gatillo, colocando a las empresas en una situación financiera más complicada aún.