La creación de un fondo de financiamiento de servicios sociales esenciales con aporte de fondos municipales, incremento de alícuota de Ingresos Brutos no coparticipable y modificación de la ley 648 son los ejes centrales planteados ayer por los municipios.

Como instancia política superadora de los efectos prácticos de la resolución judicial sobre la interpretación de la ley de financiamiento educativo, los tres municipios manifestaron ayer ante el Parlamento su voluntad de acodar con el Ejecutivo provincial las herramientas legislativas que tornen operativo el denominado “Documento Río Grande”.

En ese marco adelantaron su disposición a que se cree un fondo de financiamiento de servicios sociales esenciales que se constituirá con un aporte del 25% de los recursos tributarios provinciales por Ingresos Brutos e Impuestos a los Sellos que reciben los municipios en concepto de coparticipación interna, lo que al día de hoy representa unos 102 millones de pesos al año.

La propuesta conversada ayer en el marco de la Comisión de Presupuesto contempla además el respaldo de los municipios a la aprobación de una reforma tarifaria que prevea el incremento de hasta un 1% en la alícuota de Ingresos Brutos, dando a carácter no coparticipable a ese excedente de la recaudación. Como así también la modificación de la ley 648, de manera tal que en el artículo 1 de esa norma quede expresamente mencionada que los fondos destinados a financiar el sistema educativo provincial no afectan los recursos coparticipables a los Municipios. En este punto, el documento elaborado por el Municipio de Río Grande, y que contó con el aval de los de Ushuaia y Tolhuin, reduce del 25% al 20% la inversión anual en el sistema educativo provincial.

Desde el Municipio de Ushuaia, el intendente Sciurano, reclamó que dentro de la implementación práctica de este acuerdo político de partes, se contemple también el mecanismo de goteo diario para la transferencia de recursos coparticipables y los convenios de pago de deuda que la Provincia mantiene con las municipalidades.

Para avanzar rápidamente en la definición de las propuestas conversadas ayer, los Legisladores pusieron como condición que los 4 Ejecutivos remitan en conjunto las iniciativas acordadas al afecto.

Respecto del respaldo a la aprobación de una reforma tributaria que grave en un 1% más la actual alícuota sobre Ingresos Brutos, el justicialista Eduardo Barrientos reclamó que los Intendentes remitan la propuesta para su tratamiento al Consejo Económico y Social. Desde el Municipio Capitalino se informó que ese paso, de alguna manera, ya había sido cumplimentado en la última reunión de la subcomisión de Ingresos Brutos, oportunidad en la que el secretario de finanzas –que participa sin derecho a voto– respaldó la iniciativa de aumento de alícuota en un 0,8% no coparticipable.

Como en agosto de 2011

Parte del acuerdo esbozado ayer ante los legisladores no difiere sustancialmente de la propuesta de constitución de dos fondos de afectación específica –una para educación y otro para salud– que el Poder Ejecutivo había incorporado dentro del proyecto de presupuesto 2012, y que tanto rechazo había generado en aquél entonces en los Municipios.

Esas iniciativas afectaban a los fines mencionados un 4,25% de la coparticipación de los regímenes federales, lo que representaba una reducción de poco más de 20 millones de pesos al año sobre la masa total de los recursos de origen nacional coparticipables.

Unos 14 meses después de que ese desencuentro políticos desembocara en que el Poder Ejecutivo impulsara ante la Justicia de una acción declarativa de certeza, respecto de si los fondos destinados por ley 648 a financiar el sistema educativo debían deducirse en forma previa a la distribución de los recursos coparticipables, los Municipios han accedido a aportar, a valores de hoy, unos 102 millones de pesos al año para la creación de un fondo de financiamiento de servicios sociales esenciales.

Arancelamiento hospitalaria con dictamen favorable

En la reunión de comisión de presupuesto de ayer se acordó por mayoría dictaminar favorablemente sobre un proyecto de ley de arancelamiento de las prestaciones que se brindan en los centros de salud públicos de la provincia, que unifica las iniciativas presentadas en tal sentido por los bloques del MPF y PJ.

El visto bueno cuenta también con el respaldo de las bancadas de la UCR y de los Legisladores Rojo y Liendo, con lo que estarían garantizados los votos necesarios no sólo para su aprobación, sino también para ser insistida en caso de potencial veto por parte del Ejecutivo.

Especial para antes de Navidad

Si bien todavía no esta totalmente definido, fuentes parlamentarias adelantaron que la última sesión legislativa del año se realizaría antes del 24 de diciembre, y que sería convocada como sesión especial.

De esta manera, los legisladores buscarían evitar suspicacias en cuanto a los temas a tratar en esa oportunidad, ya que por tratarse de una especial el temario de asuntos está limitado a los que se incorporen dentro de la resolución de convocatoria.