Por ello, organismos de ambos ejecutivos iniciarán un proceso conjunto de monitoreo por los distintos loteos privados de la ciudad, para asegurarse de que los mismos cuenten con todos los servicios básicos para poder realizar su venta en forma legal, y más importante aún, se controlará que sus títulos estén a derecho. En caso contrario, se procederá a desalojar los terrenos.
Se controlará en este proceso barrios, espacios verdes, y lotes que están asignados para planes de viviendas. Ante cualquier anomalía, se procederá a la inmediata intimación y posterior desalojo. Se exigirá que todos los lotes cuenten con los servicios básicos para su transacción o venta.
La secretaría de Tierras y Hábitat Social, la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU), la Coordinación Ejecutiva y la Municipalidad Capitalina a través de las Secretarias General, de Obras Públicas y de Servicios Públicos, explicitaron su decisión de “hacer cumplir y respetar las leyes en lo que respecta al tema de las usurpaciones”. Las autoridades coincidieron en “compartir líneas de acción conjunta en la defensa de las propiedades privadas y aquellas que son de propiedad del Estado”.
Esta decisión de trabajo conjunto para detener el proceso de usurpaciones ilegales, fue anunciada en conferencia de prensa este martes, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Estuvieron presentes el secretario de Tierras, Ariel Puy Soria; el titular de APVyU, Carlos Crovara; el coordinador Ejecutivo, Gastón Millicay; y en representación del municipio capitalino participaron los secretarios General, Hugo Vera, de Servicios Públicos, Carlos Machicote, y de Obras Públicas, Juan José De Leonardi.
“Estas acciones están principalmente referidas a las usurpaciones que se vienen dando en los últimos tiempos en la provincia y donde los estados provincial y municipal aunamos criterios en defensa irrestricta de la propiedad privada y del Estado”, dijo Puy Soria.
“No puede ser que haya personas que, argumentando una necesidad social, avancen indiscriminadamente en contra de las propiedades privadas de terceros o de las propiedades del Estado. Por lo que la idea básica y principal es establecer las líneas de acción de cara al futuro, basándonos en las ordenanzas municipales y las leyes provinciales que tratan el tema”.
El titular de la cartera de Tierras también hizo referencia a la llegada de personas de otras provincias que al anoticiarse de las ventajas y la política de Estado que propone La Rioja, para dignificar a las personas o familias más postergadas, llegan y de forma inescrupulosa a apropiarse de terrenos ajenos. “Si bien pueden venir a La Rioja libremente, no pueden avanzar en contra de las leyes y las autoridades ya constituidas”, enfatizó Puy Soria.
El secretario aseguró que el gobierno tiene información que determina que muchos de los usurpadores son foráneos. “Alrededor del 40 a 50 por ciento de las personas relacionadas con los desalojos y usurpaciones son de otras provincias. Es gente que no está radicada en la provincia y no cuenta con domicilio en La Rioja”, expresó.
“Vamos a hacer respetar la ley. Las usurpaciones son acciones ilegales y delitos de orden público, por lo que naturalmente deben actuar los organismos del Estado en defensa con todo el rigor de la ley”, manifestó Puy Soria.
La postura del municipio
“Venimos a traer la palabra del intendente Quintela para acompañar esta política de Estado del gobierno provincial. Esta tarea también la ejecuta el municipio de la Capital, principalmente en lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios verdes o comunitarios”, dijo De Leonardi.
El funcionario municipal advirtió a la comunidad que sobre los engaños o estafas con algunos loteos privados. “No deben dejarse engañar con la venta de terrenos o loteos privados que no poseen los servicios esenciales, porque en definitiva, eso sucede”.
Explicitó que “hay ordenanzas y leyes que establecen que cada loteador debe brindar los servicios mínimos en los que están incluidos cordones cunetas, luz y agua. Eso no está sucediendo y la gente, en definitiva, paga terrenos con esos servicios que posteriormente debe hacerse cargo el Estado”.
“Hacemos un llamado a la comunidad para que no compren este tipo de lotes porque son una estafa”, remarcó De Leonardi.
Por último, sintetizó que el gobierno municipal “acompaña esta política del gobierno provincial” y agregó que seguirán “trabajando en forma conjunta en todas las cuestiones relacionadas con la usurpación de terrenos”.
Inscripciones en la APVyU
Por su parte, el administrador de Vivienda expresó que el camino más saludable para sanear esta situación, es que los interesados, que cuenten con los requisitos correspondientes, se inscriban en la Administración Provincial de Vivienda.
Recordó sobre el desalojo de la semana pasada en el sector Este de la ciudad que “la acción de la Administración fue tomar posesión del terreno de unas 3 hectáreas que había sido expropiado y era usurpado por un grupo de más de 100 familias. El inmueble está ubicado en la ruta 38, en la intersección con la Avenida Malvinas Argentinas. En el predio, se construirán 248 viviendas urbanizadas, con una inversión de 80 millones de pesos que se ejecutarán en tres etapas”.
Crovara resumió que “no permitiremos que este tipo de usurpaciones frustren el financiamiento nacional para estas obras que son de vital importancia para la provincia y la comunidad en general”.
Aseguró que muchas de las familias que fueron relevadas en la usurpación anterior, no están inscriptas en Vivienda. “Si supuestamente tienen necesidades de vivienda, ¿por qué no se registraron?”, se preguntó el administrador.
Además indicó que de las familias que están registradas, se detectó que varias son adjudicatarias de viviendas, propietarios de lotes o de viviendas. “Por lo tanto, hubo una acción de aprovechamiento de las circunstancias, que no vamos a permitir. En todos los casos vamos a organizar y detallar quiénes serán los postulantes. Esa es nuestra responsabilidad”, argumentó. “La misma política se aplicará para las viviendas ya adjudicadas”, reiteró Crovara.
Incremento en las casa ranchos, por fuera del relevamiento
A su turno, Gastón Millicay brindó los detalles de cuáles fueron los comienzos del programa provincial de Erradicaciones de Ranchos, la georeferencia que se realizó desde 2008 y la discriminación en categorías según la necesidad social, que en ese momento se detectó. “Luego del relevamiento y numerosas entregas, observamos que la cantidad de ranchos no merma, sino por el contrario aumenta, lo que da la pauta que va creciendo la llegada de personas. Ya hicimos alrededor de 2 mil erradicaciones y queda un número similar que fue aumentando, cuando desde el principio, el registro era otro”.
Anticipó que se promoverá la sanción de una ley para que se castigue a quien cometa el delito de usurpación, con la exclusión de algún beneficio habitacional que promueva el Estado. Se creará un padrón único de beneficiarios y se trabajará en conjunto con la municipalidad y el gobierno provincial.
En sintonía con la decisión del gobernador Beder Herrera, quedó explicitado que desde el estado provincial, con el fuerte apoyo del municipio Capitalino, encabezado por Ricardo Quintela, se hará cumplir la ley con todo el rigor para sancionar a quienes estafen en su buena fe y jueguen, con la necesidad de la comunidad.
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