Al cierre de esta edición estaba previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para declarar a la isla Apipé Grande y el área de influencia como zona de desastre y emergencia, tras la inundación por la creciente del río Paraná. En tanto que ayer por la mañana se presentó en el Salón Verde de Casa de Gobierno un documento conocido como “In-forme Yacyretá”, en el que se detallan los daños que provocó el fenómeno hídrico en la población correntina, por lo que se solicita un resarcimiento económico a las familias damnificadas así como la concreción de obras vitales que forman parte del “Tratado de Ya-cyretá”, como la construcción de las defensas de contención y del puerto local.

Esto fue anunciado me-diante una conferencia de prensa de la que participaron el ministro de Obras y Servicios Públicos Aníbal Godoy; el fiscal de Estado, Carlos Alberto Pila; la intendenta de San Antonio de Apipé, Mónica Romero; el procurador del Tesoro, Luis Rey Vázquez; el subsecretario de Emprendimien-tos de Infraestructura Re-gional, César Bentos; y los legisladores provinciales Sergio Flinta, Noel Breard y Adán Gaya, entre otros.

El documento expuesto refleja las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante en pos de reclamar a la Nación por los daños que generó la inundación en la zona de las islas Apipé Grande, Apipé Chico, San Martín, Sarmiento y Los Patos, que se encuentran in-mediatamente aguas abajo de la presa.

Cabe recordar que una delegación de la Provincia estuvo semanas atrás en Apipé Grande para observar las consecuencias que dejó la creciente.

Al respecto, Godoy expresó que “podemos decir que la particularidad que se evidenció en esta ocasión no fue causada por la corriente en sí ni por la recurrencia, sino por la forma en que se erogaron esos caudales en los vertederos y compuertas de la represa de Yacyretá, lo cual ocasionó innumerables daños no sólo económicos, sino también psicológicos en los habitantes”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Carlos Alberto Pila, indicó que “además de la creciente, el daño que se provoca en Apipé Grande es por causa del levantamiento de las compuertas sin aviso previo. Ese informe debió hacerse al Gobernador, y también al Instituto del Agua y el Ambiente (Icaa), a Prefectura Naval Argentina y también debió hacerse a la Intendencia de San Anto-nio, para que por lo menos se tomen precauciones, porque así muchos daños ocasionados en los pobladores y sus viviendas pudieron ha-berse evitado”.

En tanto el senador provincial Noel Breard, tras realizar un balance general de lo ocurrido puso el énfasis en las acciones conjuntas encaradas por las distintas áreas del Gobierno provincial.

En tanto, sostuvo que en esta situación “está faltando el Gobierno nacional y la EBY porque esta solución tiene que ser tripartita en-tre Nación, Provincia y Municipio”.

El diputado Adán Gaya destacó en este sentido que a partir de la aprobación del proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo Provin-cial a iniciar acciones contra el Poder Ejecutivo Na-cional y/o la Entidad Bi-nacional Yacyretá (EBY) por los daños de inundaciones causados en el territorio provincial, “vamos a tener una ley completa de emergencia y también la herramienta para llevar a cabo las acciones de reclamo ad-ministrativo y reclamos judiciales”.

Como parte de los fundamentos del documento que se remitirá a las autoridades de la EBY se indica que se “invirtieron unos 14 mil millones de dólares, en Posadas (Misiones) y En-carnación (Paraguay) y no en Apipé Grande que está a 23 cuadras de la presa”.