Vientras se agudiza el conflicto con las escuelas de gestión privada por la quita de un porcentaje de los subsidios estatales, el gobierno provincial anunció el inicio de acciones legales (por vía del apremio) contra cien niveles educativos privados bonaerenses que aún mantienen deudas en concepto de aportes previsionales de sus trabajadores.

Justamente esta semana se iniciarán las reuniones entre la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), Nora de Lucía, y los representantes de los colegios privados, en las que se analizarán los efectos de la quita de subsidios, ya que, según las cámaras que agrupan a las escuelas, habría establecimientos que corren riesgo de cierre si el Estado retira el aporte (ver aparte).

En este marco, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció ayer el comienzo de una de las primeras tandas de juicios a colegios privados por deudas previsionales, y destacó que los mismos llegan luego de la posibilidad que tuvieron las instituciones de acogerse al Plan Cuentas Previsionales al Día, como también de innumerables intimaciones, avisos e inspecciones realizadas por la Provincia.

Pese a todas estas acciones, el 27% de los establecimientos deudores que están funcionando se muestran reticentes al pago, por lo que el IPS ingresó en etapa prejudicial a un centenar de ellos elevando los respectivos expedientes a la Fiscalía de Estado. Hay dos colegios privados platenses que serán llevados a juicio en esta primera tanda: Universitas Estudios Superiores y Gestores de La Plata.

En la provincia de Buenos Aires funcionan 6.719 niveles educativos privados, de los cuales 1.797 mantienen deuda no regularizada. En los últimos meses se redujo un 23% la morosidad del sector y se regularizaron mediante diferentes vías (planes de pago o cancelación al contado) $ 229.481.288,15. Los colegios que ingresaron en etapa prejudicial adeudan $ 60.357.596, a los que apunta el IPS.

“La intención no es perjudicar a las entidades educativas. Nuestra responsabilidad es recuperar esos aportes que se les retuvieron a los docentes, pero que nunca se depositaron en nuestra caja previsional”, señaló Mariano Cascallares, presidente del IPS.

Los planteos que harán las escuelas

Las cámaras en las que se agrupan los colegios privados bonaerenses le plantearán a la titular de la DGCyE, Nora de Lucía, que con la quita de subsidios hay colegios que directamente tendrían que cerrar sus puertas.

El problema afecta sobre todo a los establecimientos que no cobran aranceles o a aquellos que tienen cuotas muy económicas, y que están insertos en poblaciones de bajos recursos. “Hay riesgo cierto de que cierren cursos y de que se presenten problemas de empleo cuando los docentes necesiten tomar licencias, debido a que los recortes abarcan a los cargos suplentes”, dijeron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba).

Por otra parte, desde la Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Acidepba) dijeron que pedirán a la cartera educativa que busque alternativas para no quitar el subsidio a las suplencias, sobre todo en los casos de licencias por maternidad. Además, plantearán que se aceleren las jubilaciones de los docentes titulares que tienen licencias por enfermedades crónicas y que estarían en condiciones de jubilarse por discapacidad.

Comienza la mesa de diálogo a cargo de la nueva gestión

Esta semana, la nueva titular de la DGCyE, Nora de Lucía, encabezará la mesa de diálogo con las cámaras que agrupan a los colegios privados y los gremios del sector para abordar la implementación de la quita de subsidios.

Cabe recordar que, a través de un decreto publicado el viernes 3 de este mes, la Gobernación provincial eliminó el incremento porcentual en el subsidio que se les otorga a los establecimientos escolares para el receso de enero y febrero y para las liquidaciones de la segunda parte del aguinaldo.

Esa disposición es tan sólo la primera parte de una quita de la ayuda estatal que será mayor: la administración bonaerense tiene previsto eliminar el subsidio para el sueldo de los cargos docentes suplentes y para los cursos que tengan un mínimo de veinte alumnos. Con estas medidas, la cartera educativa pretende ahorrar unos $ 380 millones anuales.

Ante las objeciones planteadas por los colegios privados, De Lucía afirmó: “Vamos a ver cada caso en particular. La decisión la vamos a tomar después de escuchar las partes”.

La funcionaria no dio pistas sobre si la cartera educativa estará dispuesta a ceder o atenuar la quita de subsidios, aunque aseguró que, tras la reunión de la mesa de diálogo, pueden “no terminar todos conformes”.