Tras producirse la semana pasada el remate de 20.600 hectáreas de tierra en La Guardia, departamento La Paz, la Provincia decidió impugnar el proceso ante el juzgado cordobés que lo ordenó, ya que, según información de la Administración de Catastro, en la extensión existen poblados, puestos e instituciones que dependen del Estado provincial.

Así lo confirmó ayer desde Buenos Aires el fiscal de Estado, Simón Hernández, quien integró la comitiva que se presentó ante la Corte Suprema en una audiencia pública con ANSES.

El funcionario dijo que el área a su cargo junto a dependencias del Ministerio de Gobierno están interviniendo en el caso, y que además de recabar antecedentes en fuentes locales, abogados oficiales viajarían a Córdoba para tomar contacto con el expediente que se tramitó en el Juzgado de 1º Instancia y 39na Nominación de la capital mediterránea.

El remate se produjo a raíz de un concurso preventivo dispuesto a la firma "Antonio García e Hijo Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera", en teoría propietaria del campo según la escritura pública del Registro de la Propiedad de Catamarca.

Sin embargo, Catastro había informado al Juzgado que, según documentación cartográfica, existía superposición de dominios y que había poblados e instituciones como escuelas dentro de la extensión territorial, "sugiriendo" la suspensión del procedimiento mientras se aclaraba la cuestión.

Al considerar que este planteo no se había hecho formalmente, y que no había prueba documental acreditada de superposición de dominios catastrales, se continuó con el remate.

La semana pasada, el campo se ofreció con una base de 360.000 pesos, a razón de 17,5 pesos por hectárea. La puja fue importante y la operación se cerró a favor de un particular argentino, en un millón de pesos, o sea, a 48,5 pesos por hectárea.

Según la información de Catastro, el campo rematado contiene parte de la localidad de El Quimilo, varios puestos, y al menos tres escuelas y caminos.

Antes de partir a la Capital Federal, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral dio instrucciones para que se realice un relevamiento catastral y se determine fehacientemente la propiedad de las tierras rematadas.

Por otro lado, el fiscal de Estado informó que el organismo también intervendrá en otro conflicto de tierras suscitado en Santa Rosa, en donde una empresa habría cercado caminos.

El senador Luna pedirá informes

El senador por La Paz, Víctor Luna, anticipó que la semana próxima, una vez que dé inicio al período ordinario de sesiones legislativas, presentará un pedido de informes para que tanto la Administración de Catastro como el Registro de la Propiedad de Catamarca informen acerca de los títulos y el padrón del campo de 20.600 hectáreas de La Guardia, rematado por orden de la Justicia cordobesa.

De esta forma, espera saber si quien adquirió la propiedad en el remate concretado el jueves 22 ya la inscribió a su nombre y además evaluar los demás títulos de propiedad que, se asegura, se superponen al dominio rematado, a fin de analizar si cabe o no avanzar con un pedido de expropiación.

Luna aseguró que solicitó información sobre el campo rematado antes de que se cumpla la orden judicial, sin embargo dijo que no fue posible frenar el proceso. "Consulté con abogados por ese tema y desde el punto de vista jurídico no había posibilidad de frenarlo. Inclusive un pequeño empresario de la zona hizo una presentación, pero fue desestimada", dijo.