El gobierno provincial evalúa avanzar en una renegociación del contrato con Aguas Cordobesas aprobado por la Legislatura en diciembre de 2006, durante el segundo gobierno del actual mandatario José Manuel de la Sota. Aguas Cordobesas pertenece al grupo Roggio y tiene la concesión del servicio de agua corriente en la ciudad de Córdoba. En 1997, el fallecido ex gobernador Ramón Mestre había privatizado el servicio, hasta entonces a cargo de la estatal Epos (Empresa Provincial de Obras Sanitarias), y lo había entregado a la compañía francesa Suez. 

La posibilidad de renegociar el contrato que tiene vigencia hasta 2027 fue comentada extraoficialmente por una fuente del poder concedente, el Poder Ejecutivo provincial, quien sostuvo que el contrato con Roggio es “perfectible”, aunque no precisó en qué puntos concretamente. 

La fuente destacó que aunque el servicio de la empresa es bueno, “siempre se puede mejorar”, y a modo de crítica destacó que la empresa “nunca pagó una multa de las que le aplicó el Ersep, sino que las apeló a todas”.

Asimismo, desde la Provincia trascendió que hay intención de sumar las cloacas al contrato por el agua, algo que la firma no aceptó en el contrato de 2006,

Aunque las precisiones a futuro son pocas, observadores del devenir de la concesión aseguran que en los últimos tiempos hay una suerte de ruptura o quiebre entre Aguas Cordobesas y el Gobierno. Y ponen de ejemplo el hecho de que hace tres meses, por primera vez, la Provincia le haya impuesto a la firma una multa superior a los 3 millones de pesos por los cortes del servicio de fines del año pasado. Habitualmente, las multas por ese motivo no han superado los 200 mil pesos, aunque todas las sanciones económicas han sido recurridas por la firma.

En relación a los aspectos más “irritativos” del contrato que en parte fue negociado por Juan Schiaretti (en 2005 y 2006 vicegobernador de la provincia), serían los siguientes:

• La eximición del canon por el uso de la red pública y por la concesión en sí misma. Este último, según cálculos del vocal del Frente Cívico en el Ersep, Juan Pablo Quinteros, ascendería actualmente a unos 40 millones anuales.

• Aguas Cordobesas tiene obligación contractual solo de mantener la red, no de realizar obras. Por ese motivo, cuando en 2010 comenzó a instalar los medidores domiciliarios, la Provincia, a partir del decreto 1284 autorizó un cargo fijo del 18% a pagar por los vecinos durante 8 años, para costear el gasto de los medidores.

• La firma puede pedir actualización tarifaria cada seis meses, y lo hace puntualmente. De hecho, semanas atrás ingresó al Ersep el pedido de incremento de casi el 20% que regirá a partir de enero de 2015. El tema del doble aumento anual es uno de los que más irrita a la población, y sería el “emergente” que el poder concedente tomaría para avanzar en la renegociación.

• Las multas: el contrato de 2006 tiene claroscuros que le permitirían a Roggio sortear su pago mediante apelaciones. 

• Lo que desde la oposición califican de “rentabilidad” extraordinaria de la compañía.