A instancias de la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto el decreto 3218/11, mediante el cual había determinado que la empresa Petrolera TDF Company (integrante por ese entonces de Apache y hoy de USUR–YPF) adeudaba a la Provincia 5,5 millones de pesos en concepto de regalías “por el producido de Gas Natural Exportado a la República de Chile, desde enero de 2007 a junio de 2007” y había intimado a la petrolera francesa al pago del monto reclamado.

En el decreto 2060, dictado el martes 3 de septiembre, también se autorizó al Fiscal de Estado a allanarse en la acción declarativa de certeza que la mencionada petrolera inició contra la Provincia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el considerando del mencionado decreto se precisa que el pasado 12 de junio el Fiscal de Estado, mediante nota 390/14, solicitó se le indique la estrategia procesal a seguir por el Estado Provincial en el marco de las actuaciones judiciales caratuladas “Petrolera TDF Company SRL c/Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/acción declarativa de certeza” en donde se cuestiona la legitimidad del Decreto 3218 que había sido dictado el 29 de diciembre de 2011.

Se indica que se dio intervención al área legal de la Secretaría de Hidrocarburos, desde donde se señaló que “la determinación adoptada en el acto cuestionado (determinación de deuda e intimación de pago) no resultaría factible de sostenerse en la instancia judicial, en especial, debido a que no obstante las interpretaciones respecto a la cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en un fallo dictado en octubre de 2013 en una acción declarativa de certeza impulsada por YPF contra la Provincia de Mendoza “arribó a conclusiones que avalarían la pretensión de la petrolera, respecto a que el derecho de exportación instituido por la Ley Nacional N° 25.561, no puede considerarse como base de cálculo para determinar el cobro de regalías de gas natural de exportación”. Menciona que criterio similar sustentó la Secretaría Legal y Técnica, por lo que aconsejó “dejar sin efecto el Decreto 3218/11, procediéndose en esa causa judicial al allanamiento de la pretensión” empresaria.

Es de tener en cuenta que durante el mes de agosto de 2012, la Gobernadora había resuelto suspender los plazos de ejecución de cobro de la deuda que se le reclamaba a Petrolera TDF, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara sentencia en alguna de las causas articuladas por otras provincias productoras de hidrocarburos contra distintas empresas por similares reclamos.

En tanto, el 13 de diciembre del año pasado y mediante el dictado del decreto 2923, la Administración Ríos ya había desistido del reclamo de cobro de 3,8 millones de pesos contra la petrolera Total por la supuesta errónea liquidación “de regalías por el producido de Gas Natural exportado a la República de Chile, desde enero de 2007 a junio de 2007”. En aquella oportunidad la Gobernadora también autorizó al Fiscal de Estado a allanarse en acción declarativa de certeza que Total inició contra la Provincia ante la Corte, argumentando la existencia del mismo fallo de la Suprema Corte de Justicia de Nación que se invoca ahora como causal del desistimiento.

Habida cuenta que la Provincia había intimado a varias petroleras por mala liquidación de regalías por el producido de Gas Natural exportado a la República de Chile y teniendo en cuenta el antecedente Total, todo hacía suponer que desde el Ejecutivo se resolvería dar de baja de manera conjunta a todos los decretos de reclamo por regalías de Gas Natural exportado a Chile e instruir al Fiscal de Estado para que se allane en la totalidad de las causas iniciadas contra la provincia por esa cuestión, pero resulta evidente que ello no ha ocurrido y que la determinación parece ser la de atender cada caso en forma particular, aunque ya se sepa de antemano la resolución que se adoptará.