El Estado provincial finalmente se constituyó como querellante en la causa penal que lleva adelante el fiscal Juan Pablo Morales, por las irregularidades en la compra de medicamentos en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

Tardíamente, teniendo en cuenta que ya se imputaron a tres funcionarios y está por correr la misma suerte el propio director de la entidad, el diputado electo por el FCS Arturo Aguirre, Fiscalía de Estado se presentó el jueves ante Morales para requerir información de la causa y confirmar su actuación en ese marco.

Al constituirse como querellante, el Estado estará en condiciones de acceder a la investigación, además de aportar elementos que contribuyan a la investigación en caso de que así lo decida el Gobierno.

El fiscal Morales, quien fue confirmado en la causa por el juez de Garantías Héctor Rodolfo Maidana, al rechazar la recusación planteada por uno de los abogados de la defensa, se apresta a citar a indagatoria a Aguirre y Gladys Buschaski, luego de que se presentaran esta semana, por iniciativa propia, René Luna y María Concepción Quiroga.

Según explicaron fuentes judiciales, Morales quedó en condiciones de requerir la declaración de Aguirre, ya que los fueros que tiene el electo legislador sólo lo confieren inmunidad de arresto, más no de proceso judicial.

Precisamente, la resolución del juez Maidana es un aval a la continuidad de la causa que investiga Morales para tratar de dilucidar distintas cuestiones vinculadas a la adquisición de medicamentos en la obra social provincial.

Por el momento, los funcionarios están imputados por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", al haber avalado la compra de fármacos a la droguería santiagueña Libra, en el momento en que ésta se encontraba inhabilitada por la autoridad federal de contralor. Sin embargo, la pesquisa ya avanza sobre otras cuestiones, como la aparición de cheques emitidos por la obra social en la cuenta de una financiera del medio, y posibles "compras fingidas" de remedios.