Esta iniciativa contempla la realización de un relevamiento a nivel nacional para conformar un listado de personas que hayan estado en cautiverio entre los años 1955 y 1983.

Hugo Roberto Regalado, a cargo del Registro, explicó que el motivo de su visita en Tierra del Fuego apunta a «lanzar a nivel provincial el registro de ex presos políticos que se enmarcan en el censo nacional que lleva adelante en todo el país», y que tiene como principal característica el ser de inscripción voluntaria.

En una primera etapa, las autoridades nacionales evaluaron los pasos a seguir para implementar este censo en cada una de las provincias, por lo que el funcionario está recorriendo el país «explicando en qué consiste el censo a los referentes de las Secretarías provinciales».

El cuestionario sobre el cual se basan para la búsqueda de datos incluye preguntas acerca de cómo fueron las condiciones de cautiverio; cómo es su vida actual, si cuenta con obra social, vivienda; si posee alguna enfermedad o si pudo reinsertarse en la sociedad, entre otras preguntas.

Los resultados del censo buscan obtener una «radiografía socioeconómica de las personas», puntualizó Regalado, expresando que a partir de ello el Estado nacional pretende «ser reparador de los atropellos cometidos en todo ese tiempo, que permita un trabajo conjunto entre las Provincias y Nación».

En otro orden, el referente del Registro Nacional contó que si bien estiman que en Argentina existen entre 10 y 12 mil presos políticos de la última dictadura, todavía «no podemos determinar una cantidad exacta».

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Carlos Roca, apuntó que comenzarán a contactarse con los gremios provinciales para determinar la existencia de casos de «compañeros que estuvieron en cautiverio durante la última dictadura militar».

Para Roca resulta primordial obtener este tipo de datos porque «son parte de la historia Argentina, saber quiénes y cuántos hombres, luchadores y democráticos fueron encarcelados, perseguidos, y asesinados».

La Secretaría de Derechos Humanos «será el canal de recepción, por eso todo aquel que sienta que está dentro de esto puede acercarse a Prefectura Naval 750, en Río Grande», concluyó Roca.

El censo a nivel nacional de personas que permanecieron detenidas ilegalmente entre 1955 y 1983 permitirá contar con una base de datos con la que el Gobierno nacional tiene previsto -una vez completado el banco de datos- sancionar una ley que otorgue una pensión universal y vitalicia para todos los ex presos políticos, anteproyecto de ley que el Ejecutivo ya elevó al Congreso y para el cual sólo resta concluir el registro federal estadístico.