Casi una treintena de vecinos de esta ciudad que conforman la Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre, protagonizaron hoy al mediodía una protesta en la plazoleta de Gorosito para reclamar públicamente el pago de cuatro meses de haberes que les adeuda el gobierno provincial a través de una cuenta que depende del Consejo de Educación.
La indignación cobró mayor vigencia cuando –según sus dichos- desde Río Gallegos, un coordinador de cooperativas de apellido López, les informó que el expediente de esta cooperativa se había extraviado y tal circunstancia era el motivo de la falta de pago.
Sin embargo, los atrasos en el pago de las certificaciones que conforman los sueldos de estas personas, han sido una contante en el curso de 2012 y lamentablemente parece que nada ha cambiado, al menos para los trabajadores cooperativistas que residen en localidades distanciadas de la capital provincial.
DESAFECTADOS POR COMER CHORIPANES
Otra situación ríspida se produjo en el seno de la cooperativa de barrido y limpieza de calles Karkén ya que el municipio –de la cual depende- habría desafectado laboralmente a 14 de sus integrantes supuestamente por haber acudido el fin de semana a comer choripanes a la Unidad Básica Santa Cruz Somos Todos que es un reducto afín el gobernador Daniel Peralta.
La denuncia pública fue realizada hoy en una rueda de prensa a la cual solo se invitó a pocos medios periodísticos y la vocero fue a polémica ex dirigente barrial Rosa Saihueque, quien hasta hace pocos meses fue desafectada de los cuadros políticos de intendente José Córdoba.
Saihuque afirmó que el municipio, a través del secretario de Acción Social, Javier Aybar, les comunicó sobre la decisión del Departamento Ejecutivo por lo cual, según señala el portal digital Voces y Apuntes, “ahora le pedimos al intendente que revea esta situación porque no son tiempos fáciles y no se puede dejar gente en la calle”
La mujer también aseguró que este tipo de persecuciones viene desde noviembre del año pasado y reveló que en su momento varios de los trabajadores cesanteados recibían un subsidio mensual de 1.840 pesos e incluso apoyaron la campaña proselitista de Córdoba.


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