Ambientalistas realizaron ayer una protesta y sentada en el frente de las oficinas que minera Agua Rica tiene en el centro de la ciudad de Andalgalá, buscando impedir que los trabajadores ingresen a la empresa porque, entienden, estarían incumpliendo la orden del juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, que dispuso la paralización de las actividades de la firma tras los incidentes y la represión del 15 de febrero pasado.

La protesta generó algunos altercados con los empleados mineros que pretendían ingresar a la sede de Agua Rica, ubicada en Libertad y San Martín. Finalmente fue la Justicia la que intervino para aclarar el alcance de la medida.

A pedido de la fiscal Marta Nieva, el secretario subrogante Alejandro Scidá se presentó en el lugar y explicó los alcances de la orden emitida por el juez de minas el 16 de febrero y que no fue apelada por la firma. Concretamente, informó que la orden de paralizar las actividades de Agua Rica abarcaba las tareas de exploración y explotación de la mina, pero no las administrativas.

A regañadientes, los ambientalistas decidieron aceptar las explicaciones de la Justicia, pero anticiparon que continuarán con las manifestaciones si perciben actividades en Agua Rica expresamente prohibidas por el juez Cerda.

Hasta última hora de ayer, los manifestantes continuaban apostados en las oficinas de la minera y alertaban sobre nuevas contrataciones de personal de parte de la empresa.

A través de un comunicado, la asamblea El Algarrobo solicitó al juez que "viabilice una constatación del cese efectivo de las actividades en mina, permitiéndonos llegar a la mina u ordenando el claro control de la medida dictada".