El grupo entregó material informativo a los legisladores para explicar la posición del sector en torno a cualquier propuesta para legalizar la operación de estos equipos.

Previo al inicio del recorrido por las oficinas de los legisladores, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Power, habló con los empleados y apoyó sus reclamos de que se defienda la industria turística de esta amenaza.

Con la consigna de que "la videolotería es una mala jugada para Puerto Rico", los trabajadores iniciaron su manifestación con un piquete y luego se organizaron en grupos de tres para visitar a los representantes y senadores que corresponden a los pueblos de donde llegaron los manifestantes.

"Legalizar las tragamonedas ilegales que operan fuera de los casinos es una mala jugada para Puerto Rico. Esta medida sería una estocada mortal para la industria turística del país. No solo pone en riesgo el empleo de más de 70,000 puertorriqueños que laboran directa e indirectamente en dicho sector, en momentos en que la Isla tiene una de las tasas de desempleo más altas, sino que además amenaza la aportación de cerca de $154 millones que llegan

al erario provenientes de los ingresos de los casinos y los hoteles", expresó el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles, Ismael Vega.

Dirigentes de esta agrupación acompañaron a los trabajadores en su gestión ante la Legislatura.

Vega adelantó, además, que la próxima semana la Asociación presentará al Gobierno un mecanismo para recaudar fondos adicionales de los casinos y paliar así la crisis en los sistemas de retiro, que es la razón que se está utilizando para impulsar la legalización de estas máquinas.

"Yo estoy aquí en nombre de todos mis compañeros y todos los empleados que pertenecemos a los casinos y me hago eco de que esto sería una mala jugada, la legalización de estas máquinas, ya que amenaza 70,000 empleos directos e indirectos", sostuvo José Borges, trabajador del casino del hotel Radisson Ambassador, y quien actuó como portavoz de los trabajadores.

"Esto no sería para mejorar la crisis económica y social que estamos viviendo en el país. Por el contrario sería empeorarla. Esto no es una solución para nosotros. Pone a nuestras familias en riesgo", afirmó.