La diputada nacional, Alicia Ciciliani, se mostró ayer confiada en que el Congreso trate y apruebe el año próximo el proyecto de ley que establece la distribución del 10 por ciento de las ganancias que logren las empresas entre sus trabajadores. La legisladora del Frente Progresista, Cívico y Social estuvo en Rafaela para participar, junto al ministro de Trabajo de la Provincia, Carlos Rodríguez, de una reunión con las autoridades de la CGT local para analizar la polémica iniciativa.

“Nos vamos a tomar el tiempo necesario con el compromiso de sacar un solo dictamen mediante un acuerdo político de los distintos bloques que conforman la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hay un espíritu amplio para poder consensuar. Aspiramos a que el año que viene se dé el dictamen y se trata en el recinto para que en el 2012 comience su aplicación efectiva”, destacó Ciciliani.

La ex vice ministra de Trabajo de la Provincia –desempeñó el cargo hasta diciembre de 2009, cuando asumió su banca en la Cámara baja- estimó que “se prevé una aplicación gradual del sistema, primero en las grandes empresas y en el segundo año en las Pymes”.

El escenario del encuentro, que se inició a las 19, fue el campo de deportes del Sindicato de la Carne, con la presencia del dirigente de esa entidad, Domingo Viviani, y también de Roberto Oesquer, titular de la CGT rafaelina, Sergio Bo, secretario adjunto del gremio de los lecheros.

“Se analizó el proyecto presentado por el diputado nacional, Héctor Recalde –ligado al jefe sindical, Hugo Moyano-, que propicia la distribución de un porcentaje de ganancias de las empresas entre los trabajadores. Hubo un debate muy interesante entre los delegados y representantes de distintos gremios”, afirmó Oesquer a modo de conclusión.

Ciciliani consideró que “el primer acuerdo de la Comisión de Trabajo fue debatir el proyecto con los sectores interesados y por eso abrimos un espacio de diálogo al que fueron invitados los sectores empresarios y sindicales, así como también miembros de instituciones interesadas en el tema”.

Y si bien el receso de verano impone una pausa en la metodología, aseveró que la tarea “se reiniciará a partir del 1 de marzo” para continuar analizando en profundidad no sólo el proyecto de Recalde sino también el que presentó Claudio Losano (del partido Proyecto Sur que lidera Pino Solanas). “Son proyectos complejo, hay que estudiar legislación comparada en otros países, analizar todos los aspectos. Debe ser una ley de fácil aplicabilidad”, sostuvo en relación a las iniciativas que proponen que el 10 por ciento de las utilidades se repartan entre los trabajadores de las empresas.

En relación a la negativa de las compañías a la posibilidad de que los sindicatos o representantes de sus empleados revisen sus libros contables para auditar las ganancias y establecer los montos a distribuir, Ciciliani expresó que no se sumarían nuevos sistemas de control. “No hay problema en este punto. Cualquier empresa, cuando presenta su declaración jurada ante la AFIP, debe aclarar su determinación de Ganancias. Con los trabajadores no habría una nueva obligación. Es una responsabilidad social de la empresa determinar las Ganancias de acuerdo a la ley y pagar los impuestos correspondientes. Y el Estado tiene el derecho de control. El proyecto no obliga a generar nuevos controles sino aprovechar la matriz de lo que está vigente”, graficó.

Tras lamentar que los representantes del empresariado faltaron a la cita de la Comisión de Trabajo para debatir el tema, reiteró que “no veo un problema y por eso me gustaría conversar con los empresarios”. Y agregó que “en los dos proyectos que están en discusión, tanto el de Recalde como el de Losano, prevén que la ganancia se determine con la misma fórmula que se utiliza para pagar el Impuesto”.

La Legisladora aclaró que “como parte del Frente Progresista, Cívico y Social asumimos el compromiso de darle tratamiento al tema en el Congreso” a la vez que marcó sus diferencias con el proyecto de Recalde. “No estamos de acuerdo en las facultades que concede al Consejo Nacional que propone crear y tampoco con la propuesta de generar un fondo para los trabajadores en negro”.

Brasil, Chile y México aplican una legislación como la que Argentina recién comienza a discutir, por lo que la diputada anticipó que se convocarán a líderes sindicales y trabajadores brasileños para que expliquen cómo funciona el mecanismo en ese país y cuál es el balance.

Por último, Ciciliani ratificó su “compromiso” para debatir con “las entidades sindicales de la provincia de Santa Fe y con los sectores empresarios este proyecto que es muy interesante porque contempla la distribución del ingreso funcional en Argentina, que lo contempla la Constitución”.