Si bien el dictamen para el proyecto de Violencia Laboral recogió el voto de la mayoría, los integrantes de la comisión parlamentaria pusieron algunos reparos respecto a diversos puntos de la iniciativa original, impulsada hace dos años por el gremio de Upcn y canalizada en la Legislatura por la diputada justicialista Patricia Arach. La legislación que se propone pretende regular las relaciones entre empleados y personal jerárquico dentro del ámbito de la administración pública. Los legisladores de la oposición consideraron en sus argumentos la necesidad de sancionar esta ley que excede a la tradicional violencia de género que se produce en el mundo laboral. "Esta norma es de suma utilidad y esperamos que los miembros de Asuntos Institucionales le den un rápido tratamiento para que la iniciativa baje al recinto de sesiones y pueda ser aprobada este año", apuntó Carlos Amaya, titular de la Comisión de Trabajo.

En la reunión concretada recientemente se hicieron presentes integrantes de la Asociación de Campesinos Desocupados de Santa Clara, quienes adujeron tener derecho a quedarse en tierras de finca La Fe, por contar con una ocupación de más de 80 años y dedicarse desde siempre a la cría de ganado. En el encuentro con diputados afirmaron que las mismas están en poder de un ciudadano francés, quien, a través de su asesor legal, viene efectuando intimaciones periódicas para que desocupen el lugar.

"Es un tema complicado. No es sencillo darle un corte definitivo a esta situación, pero el resorte para encontrar una salida a este conflicto es el gobierno provincial. Se trata de tierras privadas y la única vía es la compra de estas tierras por parte del Ejecutivo", refirió Amaya. Los campesinos recurrieron a la ayuda de la Legislatura para frenar el desalojo y ganar tiempo, hasta conseguir que el gobierno les consiga un lugar propicio para la actividad ganadera que desarrollan. Si bien no existe un emplazamiento de la Justicia para el desalojo, las intimaciones legales recibidas pusieron en alerta al sector.