Finalmente el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Capital resolvió otorgar una prórroga de 15 días en torno al inicio del juicio por la causa conocida como “megaestafa con viviendas sociales”, cuyo inicio estaba previsto para ayer, a las 16.00. El Tribunal confirmó el adelanto de NUEVA RIOJA en el sentido de que todo estaba supeditado al ingreso de un nuevo planteo de la defensa reclamando la suspensión del juicio a prueba (probation). Esa misma medida ya había sido rechazada por el juez de instrucción, doctor Mario Martínez durante 2010, que se apoyó en la férrea oposición del Ministerio Público Fiscal, por lo que los especialistas estimaban como “improbable” que se otorgue la “probation”. Por lo pronto habrá que esperar 15 días más para saber si la Fiscalía y la Defensa “acuerdan” que los imputados solucionen el daño causado a los presuntamente estafados y, luego ser llevados a juicio abreviado.

Los dos únicos imputados, José Llanos y Sergio Quinteros están acusados del delito de estafa. A Llanos se le imputan 51 hechos y a Quintero 27 hechos denunciados por los damnificados. “Si Defensa y Fiscalía acuerdan la probation durante la mañana de hoy (por ayer), el juicio que debería comenzar a las 16.00 quedaría suspendido”, indicó en su anterior edición NUEVA RIOJA y así se dieron las circunstancias.

El Tribunal está presidido por la juez Sara Alicia López Douglas e integrado por los jueces Carlos Nieto Ortiz y José Luis Magaquian, estos últimos del fuero civil.

El hecho que se investiga se habría registrado, de acuerdo a las denuncias, entre 2008 y 2009. Los imputados ofrecían viviendas sociales y la suma que se habría recaudado con “esa venta” sería de casi un millón de pesos.

El expediente se originó a raíz de una denuncia radicada por la directora general de Despacho del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, María Inés Frasca.

Probation rechazada

En septiembre de 2010, el juez de instrucción Mario Martínez rechazó un planteo de la defensa de Llanos, ejercida por el doctor Jorge Cáceres, para que se suspenda el juicio a prueba o probation.

Sin embargo, en un dictamen el Ministerio Público Fiscal consideró que “la reiteración delictiva, el involucramiento del Estado Provincial, la explotación de una necesidad importante para las víctimas, el volumen del daño patrimonial, su calidad de empleado público, la afectación de la imagen de la administración pública y la repercusión social de esta causa, son circunstancias de pena superior a los 3 años, cuya escala es de 1 mes a 36 años de prisión, por lo cual, existe una imposibilidad objetiva de que el cumplimiento de la futura pena, sea suspendida”.