La iniciativa, de autoría del diputado Humberto Lopez, propicia “ratificar mediante una ley los derechos constitucionales, convenciones internacionales y normas vigentes respecto de los derechos de los pueblos originarios, así como también desterrar la postergación, la marginación y reconocer la recuperación y devolución de territorios”, indicó el legislador.

El proyecto faculta a la entidad el control de la regularización de la situación dominial y la adjudicación de títulos territoriales de las comunidades originarias de la provincia en conformidad a los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. El Instituto Provincial de Comunidades Originarias también podrá hacer relevamientos, controlar y difundir datos sobre el impacto ambiental, señaló López.

El organismo funcionaría como una entidad autárquica y descentralizada, vinculada directamente al Poder Ejecutivo para su funcionamiento. Asimismo el Instituto sería la autoridad de aplicación de las políticas públicas y además, promotor del desarrollo integral y protección de las comunidades originarias.

Entre los objetivos del instituto están consolidar la participación activa y protagónica de los miembros de las comunidades originarias, representar a las comunidades aborígenes y a sus integrantes ante entidades privadas o públicas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales, monitorear el cumplimiento de las disposiciones de tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.