El legislador oficialista Reinaldo Jiménez presentó un proyecto de ley que promueve la participación de los usuarios tucumanos a la hora de fijar modificaciones en las tarifas del servicio de transporte interurbano de pasajeros. "Esta ley permitirá que el precio del boleto del servicio público de transporte interurbano de pasajeros de Tucumán sea fijado por la Dirección General de Transporte con la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios", argumentó el parlamentario.

Además, Jiménez explicó que, de acuerdo a su propuesta, "estas tarifas se modificarán sólo cuando las circunstancias lo requieran y deberán ser justas y razonables: que cubran los gastos de explotación, otorgando un adecuado margen de ganancia, pero que también tengan en cuenta la calidad y eficiencia del servicio que se presta a la hora de determinarlas, y la realidad económica del usuario tucumano", puntualizó.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor de la Cámara sostuvo que la iniciativa tiene su fundamento en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto otorga un poder real a las asociaciones de consumidores y usuarios sobre los procedimientos y mecanismos que rigen el funcionamiento de este servicio público. "El usuario tucumano tiene derecho a la protección jurídica administrativa dada la real y objetiva situación de desventaja en la que se encuentra. En el caso puntual de los ómnibus interurbanos, como se sabe, muchas veces el servicio público es prestado en unidades inadecuadas; los usuarios viajan de manera incómoda, tras largas esperas, padeciendo calor o frío", enfatizó Jiménez.

Por otro lado, señaló que "el usuario siempre debe ser oído por ser él quien conoce la realidad sobre cómo es prestado el servicio, su calidad, el cumplimiento de las frecuencias, entre otros".

El proyecto, que en concreto implicaría una modificación al artículo 29 de la ley 6210 (Marco Regulatorio del Transporte Público de Pasajeros), también establece una reglamentación que determinará tanto las condiciones que deberán reunir las asociaciones de usuarios y consumidores, para poder participar en el fijado de las tarifas, como así también el mecanismo al que deberán ajustarse para obtener su intervención.

"Esta reglamentación es la que fijará el método en que deberá ajustarse el sistema de cálculo y ajuste de los boletos, el que, además de lo expresado, contemplará la realidad económica de la actividad y de los usuarios", puntualizó.