El proyecto propone que se reestablezca la vigencia del artículo que eximía a los productores antes mencionados, comprendidos en el Decreto 1133/04, del pago las costas originadas por honorarios de los letrados de la Fiscalía de Estado y del pago de Impuesto de Justicia y Sellado de Actuación.

En una nota enviada junto al proyecto de ley, el gobernador recuerda que la Ley E Nº 3952 suspendió por el término de 180 días la tramitación de las causas judiciales por cobro de pesos y ejecuciones derivados de saldos impagos de créditos otorgados a productores comprendidos en el Decreto Nº 1133/04.

“Durante el plazo de suspensión el Ministerio de Producción, con la participación de las federaciones y asociaciones, debían arbitrar los medios para que los deudores pudieran adherirse a los beneficios establecidos en el decreto”, señala.

Agrega que esta norma “estableció formas de consolidación y refinanciación de deudas registradas en el ex Banco de la Provincia de Río Negro, correspondientes a los pequeños y medianos productores de los sectores ganadero, lupulero, de fruta fina y hortícola”.

Saiz explica que numerosos productores continuaron adhiriéndose al régimen previsto en el Decreto Nº 1133/04, quedando aún pendiente un importante número de pequeños productores que por distintas razones no han adherido a dichos beneficios. “Estos productores se encuentran inhibidos ante entidades crediticias de la banca pública o privada e impedidos de acceder a beneficios que otorgan diversos programas de promoción productiva nacionales y provinciales”, dice el gobernador.

Agrega que “en la actualidad, ante un escenario donde mejoran las distintas variables productivas, los pequeños productores deben poner en su máximo potencial productivo y tecnológico su capacidad, necesitando en muchos casos el acceso a distintas líneas de crédito para la realización de inversiones”.