Hasta ahora, de acuerdo a la legislación vigente, el Defensor del Pueblo resultaba electo de una terna propuesta por la comisión de Labor Parlamentaria, a través de la votación de los dos tercios de los diputados presentes en la sesión correspondiente. En caso de aprobarse la nueva normativa, "para la elección del candidato a ocupar el cargo, la Legislatura deberá abrir, por un período de quince días hábiles, un registro de interesados. Las fechas de apertura y cierre del registro de interesados y las condiciones exigidas para ocupar el cargo, deberán ser publicadas por espacio de tres días hábiles en el Boletín Oficial, en un diario de amplia circulación en la Provincia y en la página Web de la Honorable Legislatura.

Vencido el plazo de inscripción, deberá realizarse la publicación de la nómina de candidatos inscriptos por tres días y por los mismos medios señalados en el párrafo anterior, invitando a la ciudadanía a formular impugnaciones u observaciones. A tal efecto, la totalidad de los antecedentes curriculares presentados deberán quedar a disposición de los interesados.

Quienes deseen formular impugnaciones respecto de los inscriptos, deberán hacerlo por escrito en los siguientes cinco días hábiles posteriores a la publicación, fundándolas en circunstancias objetivas debidamente acreditadas por medios fehacientes y bajo su firma, de las que se correrá vista al impugnado por el término de tres días hábiles.

Vencido el plazo para la vista de los impugnados, y dentro de los tres días hábiles siguientes de dicha fecha, las Comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General se reunirán en forma conjunta para que, en igual plazo, procedan a evaluar los antecedentes y a seleccionar una terna de tres postulantes que deberán elevar a la Honorable Legislatura para que, de la misma, ésta elija al Defensor del Pueblo".

A su vez, Mollón sugiere nuevos requisitos exigibles para aspirar al cargo; "la mayor independencia de criterio posible respecto de la influencia del poder gubernamental de turno y de los grupos de interés; capacidades básicas en materia de gestión y experiencia de trabajo vinculado a la materia y la prohibición de designar a quienes tengan vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad, en ambos casos hasta el segundo grado con Legisladores, con el gobernador, vicegobernador y ministros en ejercicio al momento de su designación".

Con todo esto "se pretende redefinir y optimizar la gestión a favor de la efectiva protección de los derechos humanos de todos, garantizando también la transparencia en el proceso de selección de dicho cargo público", enfatizó la legisladora.