Es un proyecto de la diputada justicialista Mariela Ortiz, quien ya presentó la iniciativa en el año 2006. El mecanismo está destinado a los empleados públicos provinciales y municipales.
Las características principales del fondo son "el espíritu solidario", su persona jurídica de derecho público y autonomía económica financiera y funcional, indicó la legisladora.
En los fundamentos, Ortiz refiere que una gran franja de jubilados y pensionados no recibe aumentos, generando ello desazón, y recuerda los fallos de la Suprema Corte de Justicia según los cuales la omisión de disponer de un ajuste adecuado priva a los ancianos de un derecho que cuenta con amparo constitucional.
El fondo contemplado se formará con el aporte del 2 por ciento por parte de los afiliados y con el 5 por ciento sobre los beneficios que les liquide el mismo.
Los aspectos administrativos serían cubiertos por una entidad crediticia con experiencia en las operaciones de esta naturaleza y con sucursales en toda la provincia, dice la autora del proyecto, quien propone para esa misión al Banco de Acción Social.
Los objetivos del FOESJUPRO serán "realizar y otorgar, fundado en los principios sociales de solidad, a lo empleados públicos provinciales y municipales cualquiera sea su relación y que obtengan el beneficio de la jubilación un complemento pecuniario mensual móvil con la finalidad de adecuar el haber jubilatorio establecido por leyes previsionales", precisa la iniciativa.

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