El defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Cancela, presentó un proyecto para reformar la estructura de la Defensoría Pública. En el escrito se especificó que actualmente el organismo tiene un funcionamiento similar al de un juzgado, aunque su trabajo diario sea diferente.

La estructura de la Defensoría está basada en la división por materias e instancias, con una "concepción verticalista" y una distribución piramidal que delega funciones en defensores adjuntos y prosecretarios, quienes no cuentan con la firma habilitante, "lo cual deteriora la calidad de la atención profesional, lo que es percibido negativamente por los usuarios", indica el proyecto que estudian los vocales del Tribunal Superior.

Al funcionamiento actual, el proyecto sumó la faltante de defensores titulares en toda la provincia y un trabajo descoordinado con los organismos judiciales, que implica entre otras cosas largos tiempos de espera para la atención de los que solicitan un defensor público. Estos aspectos son los que se pretenden modificar con la reforma, que esperan se concrete en el transcurso de este año.

Un comienzo de solución sería implementar "pequeñas estructuras funcionales, con alta calificación profesional, dotado con escaso personal administrativo de apoyo, tres agentes en el ámbito civil y dos en el ámbito penal, sin modificarse en esta etapa la Defensa del Niño".

De esta manera se propone que el defensor público intervenga con una atención más directa e inmediata sin necesidad de delegar funciones.

En el mismo sentido, se buscará crear 17 nuevos organismos (de 38 en toda la provincia se pasaría a 55), lo que implicará incrementar en un 31% los cargos de decisión.

Otro de los puntos que se remarcaron es que el impacto presupuestario para estas modificaciones no será excesivo, ya que en principio solo se destinarían seis millones de pesos que se ejecutarían recién en el segundo semestre de 2013.

Para la planta de personal se deberá prever un presupuesto de recategorización y posibles ingresantes.

En general se propone que el defensor tenga "plena autonomía funcional".