El sencillo trámite legislativo de la reforma judicial será completamente diferente en los Tribunales. Al menos eso es lo que se cree en el ámbito judicial y que respaldan los especialistas en leyes. El destino de la modificación del Concejo de la Magistratura y de la regulación de las medidas cautelares parece ser idéntico a la Ley de Medios, aunque el Gobierno pretenda comenzar a aplicarlas lo más rápido posible.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez habló con LPO y explicó su visión del camino judicial que seguirán las normas que impulsa Cristina Kirchner. A su entender, y dando por descontado que será aprobada, la reforma del Concejo de la Magistratura es inconstitucional y no hay posibilidad de que sea avalada por la Justicia.

No obstante, cree que “depende de la valentía de los jueces” que sea declarada inconstitucional. Gil Domínguez es consciente de las presiones que tendrán los magistrados que deban decidir sobre la reforma del Concejo, y que también estarán en el ojo de la tormenta por el apuro que tiene el Gobierno para llevar adelante la elección de los concejeros.

En ese contexto, el constitucionalista propone que, una vez aprobada la norma, los abogados, ONG e instituciones ligadas al derecho de todo el país lleven a cabo “una avalancha de medidas de amparo y acciones declarativas de inconstitucionalidad en todos los juzgados federales”. “Si hay una ola de amparos y queda un juez valiente en el país, la reforma se tiene que frenar”, insiste.

“Hay que llamar a un patriotismo constitucional”, resume. Con esto, se lograría frenar lo que define como un “avasallamiento de la Justicia” y se podrían saltear las presiones que el oficialismo ejercerá sobre los jueces, “como siempre lo hace”.

LPO consultó a Gil Domínguez sobre un posible conflicto de poderes que se desate si un juez frena la elección de concejeros, aunque ésta ya se hubiese realizado. El abogado sostiene que es probable que eso suceda pero reafirma que “los jueces tienen el derecho de hacer cumplir la Constitución Nacional”, ya que la Carta Magna “está por encima de las decisiones políticas”, así sean una elección popular.

La oposición se prepara para ir a la Justicia

Mientras analizan las acciones políticas a realizar frente a la más que probable aprobación de la reforma judicial, los referentes de la oposición ya analizan en detalle los proyectos para poder frenarlos en los Tribunales.

En diálogo con LPO, el titular de la UCR, Mario Barletta, afirmó que junto a otros sectores de la oposición están articulando acciones conjuntas para enfrentar lo que calificó como “un mamarracho”.

“La idea es generar trabajo conjunto en todas las instancias y con todas las herramientas para evitar este nuevo atropello”, afirmó y explicó que en el aspecto jurídico “estamos analizando el proyecto para determinar cuáles son las inconstitucionalidades y hacer presentaciones conjuntas ante la Justicia”.

Barletta indicó que el análisis inicial que hacen es la oposición es que la reforma es inconstitucional y que una vez agotadas las instancias políticas irán a fondo para intentar frenarla en los Tribunales ya que consideran que afecta la calidad democrática.

Respecto a las presiones que podrían sufrir los jueces, el ex candidato a gobernador de Santa Fe asegura que “todo es esperable del kirchnerismo”, pero “los jueces tienen que tener la tranquilidad de poder decidir con total libertad”. “Hay que brindar un total respaldo”, agregó.

Finalmente, Barletta confirmó que la UCR será parte del acto que la oposición realizará el próximo martes en las escalinatas de los Tribunales y dijo que los diputados radicales probablemente no asistan al debate en comisiones pero sí al recinto, tal como sucede en el Senado.