La iniciativa apunta, según sus impulsores, a reducir los índices de reincidencia de los delitos de índole sexual. Para esto crea un programa de prevención, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad, al que se derivará a las personas con sentencia condenatoria firme por delitos contra la integridad sexual.

Los profesionales que participarán de este programa serán, justamente, los encargados de administrar el método de castración química previo consentimiento informado de los pacientes.

Un tratamiento. La castración química es un tratamiento farmacológico que inhibe la producción de testosterona, reduciendo la líbido y la actividad sexual.

Según explican los autores del proyecto, "estos fármacos se utilizan desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata. Para esto se utilizan dos tipos de drogas: la ciproterona que baja la producción de la hormona entre 90 por ciento y 95 por ciento; y el acetato leuprolida que la bloquea en un 99 por ciento. Las consecuencias de este método son la disminución del deseo sexual y de las erecciones, así como la reducción de pensamientos eróticos y del grado de violencia que suelen caracterizar a estas personas".

Interdisciplinario. De acuerdo a la propuesta, el programa para la prevención de la reincidencia de autores de delitos de índole sexual estará constituido por un equipo interdisciplinario del que participarán sexólogos, endocrinólogos, psicólogos y psiquiatras. Y el suministro de fármacos deberá actuar como complemento de un "adecuado" tratamiento psicológico.

El organismo, será "de carácter civil, no punitivo, y tendrá por objeto garantizar mayor seguridad pública, tratando que los autores de delitos de índole sexual puedan tener una normal convivencia con la comunidad, no presentándose como peligro para la misma ni para sí mismos".

Además, se aclara, la castración química se aplicará "de manera voluntaria a todas aquellas personas que hayan cumplido en forma total y completa su condena por sentencia firme" relacionada a delitos de índole sexual como violaciones o abusos sexuales.

"No es un castigo". Por esto, los diputados justicialistas señalan que "no se trata de un castigo, ni una pena que se impone al delincuente sexual, dado que su implementación sería posterior al cumplimiento de su pena".

El debate. La iniciativa ingresará esta semana a la Cámara baja provincial donde promete movilizar un debate similar al que ya se dio en otras partes del mundo donde no sólo se cuestionó la aplicación de este método desde el punto de vista ético por su crueldad, sino también desde el ámbito científico se sembraron dudas sobre su efectividad (ver aparte).

Entre los fundamentos que esgrimen Monti y Lagna se apunta que "reconocidos estudios psiquiátricos demuestran que el delincuente sexual no es en general un psicótico ni un insano, ya que reconoce la calidad de sus actos, comprende su criminalidad y está en pleno uso de sus facultades al cometerlo. Esto le permite dirigir sus acciones con libertad, disfrutando lo que realiza; y por este mismo motivo es sometido a ley común y cumple su respectiva pena, reivindicándose de este modo con la sociedad".

Además apuntan que "el 80 por ciento de los violadores son reincidentes" y advierten que los delitos de índole sexual no sólo están en aumento sino que son cada vez más violentos. "Tratar de evitar nuevos delitos violentos por parte de ex reclusos es una tarea esencialmente preventiva, no únicamente penal" señalan los diputados justicialistas y acotan que la castración química "es un tratamiento integral preventivo que contempla acabadamente la imposibilidad de reincidencia, favoreciendo así la reeducación del delincuente y colocando a la sociedad a resguardo de la comisión de este tipo de delito aberrante".