La iniciativa, que ya había sido ingresada en la Legislatura hace algunos años, básicamente propone que se instituya la “libre determinación de la obra social para todo empleado, agente o funcionario provincial”. Es decir, alcanza a todos aquellos que pertenezcan a los sectores de la actividad pública, dependiente de la administración pública, y voluntarios.Además, cada uno de ellos podrá elegir, una vez al año, si quiere permanecer (o no) en la institución.

Particularmente, el proyecto alcanza a funcionarios y agentes en actividad -ya sean de planta permanente o temporaria- de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de organismos dependientes o en la órbita del Ejecutivo; de empresas estatales o con participación estatal mayoritaria; de fondos fiduciarios constituidos con fondos o créditos estatales; de organismos constitucionales, y de las municipalidades que adhieran al régimen. También están comprendidos en él docentes que presten funciones en establecimientos educacionales no oficiales, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de la Provincia, así como de cualquier otra caja estatal.

“Tendrán el derecho de opción de cambio en cualquier momento durante su relación laboral”, señala el texto.

Además, explica que los legisladores, los jueces del poder Judicial, así como el procurador y subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, “podrán solicitar su afiliación” a la obra social. De acuerdo al proyecto presentado en Diputados, los adherentes a IOMA podrán cambiar su afiliación una vez al año.

En los fundamentos del proyecto, presentado por la diputada villarinense Fernanda Bevilacqua, del Frente de Todos, se señala que el funcionamiento de la obra social no es el ideal, ya que “como consecuencia del obrar deficiente y retardado del sistema, más personas resultan perjudicadas ante cada problema administrativo, económico o en la prestación de servicios derivados de estas dos cuestiones”.

“A los reiterados reclamos por la falta de pagos a farmacias, clínicas, profesionales y laboratorios, se suman las quejas de los afiliados voluntarios por el incremento desmedido de las cuotas, como también la falta de entrega -en tiempo y forma- de insumos, prótesis, drogas oncológicas y otras medicamentos muy caros”, se indica.

Por ello, se indica que la opción de elección a cuál obra social destinarán sus aportes en vez de la afiliación compulsiva a una prestataria determinada -como ocurre en la actualidad- significará para la prestadora una mejora en su gestión, y una readecuación en sus políticas y prestaciones de servicios para la captación de afiliados y mantenimiento de quienes estén afilados. “De esta manera, las obras sociales deberán esforzarse en ofrecer servicios eficientes y superiores a los de sus competidores, a fin de mantener e incrementar la cartera de clientes. El árbitro de esa competencia será el propio afiliado, pues nadie mejor que él sabe lo que le conviene”, se indicó en el texto.