El Concejo Deliberante envió a las Comisiones de Economía y Legislación un proyecto de ordenanza para crear el Fondo Municipal de Desarrollo Equitativo que estará constituido por recursos provenientes de los derechos por mejoras. Este programa tiene como fin “promover un desarrollo equitativo y equilibrado del Partido de Luján, destinado a financiar obras vinculadas con la urbanización, red de agua potable, red de cloacas, planes de viviendas sociales, mantenimiento de calles y asfaltado, alcantarillado y mantenimiento de zanjas y mobiliario urbano”.

El proyecto –presentado por Unidad Ciudadana y con elaboración también del partido Vamos- contempla también la creación de la comisión con la “facultad de recomendar las obras a realizar dentro del presente programa. La misma estará integrada por dos representantes del Departamento Ejecutivo y tres representantes del Honorable Concejo Deliberante pertenecientes a distintos bloques”.

Esta contribución por mejoras, será tributada por las “actuaciones administrativas y/o inversiones municipales que produzcan una significativa valorización de los inmuebles, y que se vuelque al mercado inmobiliario”. Apunta a las obras que beneficien la calidad de vida,

infraestructura, pavimentación, equipamiento comunitario, realizadas por la Municipalidad y que no hayan sido abonadas por los frentistas.

Desde la barra, la militante de Patria Grande y candidata a concejala hizo referencia al proyecto de plusvalía urbana que no avanzó en el recinto. “Nuestra organización Patria Grande en 2014 presentó una ordenanza que versaba ese tema y ha quedado guarda en algún cajón. En esta oportunidad la hemos rescrito hablando con Capelli. Trata sobre un instrumento que se vincula con una adecuación normativa que es necesaria”.

En tal sentido, hizo referencia a que “las acciones de mejoramiento urbano luego no se traduce en una recuperación del Estado para reinvertirla en más obras públicas. De una manera, todas las acciones en infraestructura redundan en que los propietarios aumenten sus ganancias sin llevar a cabo ninguna acción. La cuestión se trata de qué hacen desde el Ejecutivo para crear esos recursos. Este es un instrumento que permite generar esos recursos para redistribuir en obra pública para los barrios más carenciados”.

Francia sostuvo además que “hay un déficit habitacional grandísimo. Tenemos mucha gente que paga la mitad de su sueldo en un alquiler y mucha gente que vive en viviendas que no cumplen los estándares mínimos. Pensar en el derecho a la salud es pensar en el derecho a la vivienda. Muchos niños que viven en pisos de tierra tienen asma. El derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a habitar en un lugar digno, hace el derecho a los ciudadanos y ciudadanas”.

Además de solicitar que se apruebe la normativa, remarcó “que se lleve a la práctica” ya que “acá tenemos un Banco de Tierra que no se implementa”. En esa línea, remarcó que esta herramienta es “darle a los que menos tienen. Tiene que ver con la justicia social y que desde el Estado se lleven acciones concretas para generar viviendas y soluciones habitacionales. Para pensar en una política habitacional hay que generar recursos. Y esta es una herramienta que claramente lo permite”.

Luego de que se aprobara que la ordenanza pasara a las comisiones, el concejal Nicolás Capelli sostuvo que “creemos conveniente avanzar en este proyecto de ordenanza. Puede generar un poco de equidad social a través de esta plusvalía de la cual el Ejecutivo es el generador en sus tres instancias: Municipal, Provincial y Nacional. Ese es el motivo por el cual nosotros, tomando el concepto de los bienes comunes, que esa repartición esté vinculada específicamente a todos los ciudadanos”.

En el proyecto se establece que “es imperioso que el Honorable Concejo Deliberante de tratamiento a una norma que canalice” la problemática del “acceso a la vivienda, la planificación urbana y la problemática social que genera la especulación inmobiliaria”. “El Estado debe realizar acciones que incrementan el valor de las propiedades con la realización de obras de infraestructura, la aplicación de nuevas normas de uso del suelo, o nuevos parámetros constructivos. De esta manera, y hasta el momento, los incrementos de valor, llamados también plusvalía urbana, son capturados en su totalidad por los propietarios, cuando su origen está directamente relacionado a la acción del Estado. Que éste fenómeno agrava la falta de recursos con que cuenta el Estado para hacer llegar nuevos servicios u obras a la comunidad, y se torna en un círculo vicioso que no permite el desarrollo integral de la ciudad”.

Según remarca el proyecto, la aplicación de este tipo de tributos se aplica en otras ciudades de Latinoamérica y de nuestro país y sus resultados son reconocidamente exitosos. En nuestra ciudad, el último Censo registró cerca de 1.000 hogares en viviendas precarias y más de 6.000 viviendas deshabitadas. “La valorización del suelo por la acción urbanística del Estado no debe ser beneficio en nuestra ciudad solamente para los propietarios de los inmuebles ya que dicha valorización es resultado del esfuerzo de la comunidad y de la acción administrativa del Estado, y una parte debe ser utilizada para desarrollar una política de tierras, viviendas e infraestructura para nuestro partido. Que las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y sustentable. Que uno de los instrumentos de promoción del desarrollo urbano es lo concerniente a la recuperación y captación de las contribuciones por mejoras en el Partido”.