"Siempre hay una posibilidad de armar algún tipo de medidas como un paquete fiscal para las empresas que están radicadas en la provincia. Se puede hacer casos diferenciales en Ingresos Brutos, o rebajas fiscales en Inmobiliario o Automotor para las empresas radicadas en Mendoza", dijo Cerroni.

Pero aclaró que "por el momento no hay aún nada definido para tener una promoción propia. Primero habrá que medir el impacto positivo de radicar empresas y negativo de la caída de ingresos al Estado provincial. Hay que alcanzar un equilibrio entre ambas cosas", concluyó, sin dar más detalles sobre el tema.

Una eventual promoción local financiada por la Provincia tendría límites muy marcados por las posibilidades de recursos del Estado mendocino, y se canalizaría sobre todo sobre Ingresos Brutos.

Es que los beneficios sobre el impuesto al Automotor únicamente beneficiarían a empresas propietarias de grandes flotas de vehículos (constructoras, transportistas) y sobre el Inmobiliario, a empresas con fuertes inversiones en terrenos (desarrolladoras), lo que limitaría los rubros efectivamente promocionados.

Sin embargo -en principio- se estima en la Casa de Gobierno que una promoción "a la mendocina"podría al menos amortiguar temporalmente los efectos de la promoción industrial nacional en su nueva versión sobre Mendoza, ya que -a diferencia de la actualmente vigente- el discutido decreto 699 la limita al 40% del monto de la masa salarial agregada por el inversor en las provincias promocionadas, aunque deja abierto el número de proyectos promocionados.

Todo indica que para que el gobierno provincial deba apelar a una medida de este tipo tendría que haber dado previamente por fracasadas las dos vías de negociación que -por Plan A o por Plan B- pudieran terminar abriendo tanto la complicada vía política como la más probable del recurso judicial ante la Corte Suprema.

Por el momento, en la Casa de Gobierno todavía se siguen poniendo fichas a una negociación con la Nación y aún con las provincias promocionadas -voluntaria u obligada por disposición judicial- que permita acordar un régimen "que promocione la región, sin dañar a Mendoza".

En ese sentido el gobierno provincial reitera que "somos partidarios de las políticas activas de promoción que generen desarrollo", pero rechazan "esta promoción" por lo que proponen "otro instrumento".

La apuesta de máxima del gobierno de Celso Jaque es la eliminación de la promoción industrial en las provincias vecinas (San Juan y San Luis) aceptándola sólo en La Rioja, aunque las autoridades mendocinas muestran signos de admitir -como mínimo- una gradualidad regional de los beneficios entre las provincias, una inclusión de Mendoza en esa gradualidad, e incluso el establecimiento de mecanismos "suficientemente compensadores" del daño "ya probado y reconocido por la Nación" que el régimen provoca sobre Mendoza.

Por lo tanto, si el gobierno provincial llega a instrumentar un régimen promocional provincial (con costo mendocino) será porque definitivamente decidió dar de baja la vía de la negociación ante la Nación, y decidió apelar a un Plan C que consiste en radicar ante la Corte Suprema una nueva acción resarcitoria por daños y perjuicios contra la Nación.

En principio sería similar a la que en su momento inició el gobernador Arturo Lafalla en 1997 y que Julio Cobos dio por concluida en 2007 a cambio de la financiación nacional de la Presa Portezuelo del Viento. "No dejamos de contemplar esta posibilidad, aunque en última instancia", confirman muy cerca de los responsables de llevar adelante las acciones judiciales de la Provincia.

"Por ahora la Promoción Industrial está encapsulada y tiene un tratamiento separado del resto de los temas, que continúan normalmente con la Nación", afirman en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno. Confirman así que aún se transita por los planes A de la negociación voluntaria, el B de la negociación obligada por decisión judicial y que el C -de enfrentamiento judicial abierto- por el momento es "una posibilidad", que nadie descarta.