Tras intentarlo por segunda vez en un año, los empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael comenzaron el fin de semana con ánimo de festejo. Es que pasada la media tarde de ayer recibieron la buena nueva: la Cámara Federal de Apelaciones admitió el recurso interpuesto en contra del polémico decreto 699/10 de promoción industrial el pasado 4 de agosto, con lo cual la discusión seguirá ante la Corte Suprema de la Nación. Hasta que ésta se defina, la aplicación del polémico régimen se suspende.

Aunque tiene una fecha de vencimiento parcial, ayer el sector privado del Sur de la provincia tomaba el freno judicial al decreto de Cristina Fernández como un round ganado dentro de la prolongada pelea contra las provincias beneficiarias y hasta incluso con la Nación misma.

"Estamos muy contentos. Esto significa mucho a favor de nuestra posición", señaló exultante a Los Andes el presidente de la Cámara sureña, Pablo Asens, minutos después de anoticiarse de la decisión.

Ahora será tiempo de diseñar legalmente los alegatos en favor de Mendoza ante la Corte, cuando la máxima instancia nacional fije la fecha de una audiencia de conciliación entre las partes involucradas. En principio, según se prevé, habrá una compulsa de la documentación que conforma el expediente; esto es, el amparo interpuesto en 2010 para frenar la aplicación del decreto, la apelación del Gobierno nacional por el cual la Justicia falló a favor del mismo y el hasta ahora exitoso recurso extraordinario.

Pero las partes citadas no serán sólo los directivos de la Cámara empresaria sanrafaelina y la Nación. También es posible que la Corte convoque a San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, como lo asume el apoderado legal de la entidad, Pablo Callejas.

"Vamos a insistir en el perjuicio económico, en pérdidas de empleo y competitividad que la promoción ocasionó a Mendoza en los últimos treinta años", subrayó Callejas, quien adelantó que buscarán dar la estocada final al 699/10 respaldándose en el informe publicado por el CEM (Consejo Empresario Mendocino), que apunta pérdidas anuales por $ 2.583 millones en valor agregado para la producción desde 1993.

No obstante, los empresarios aún no descartan destrabarlo políticamente y ponen fichas al postergado encuentro con el actual ministro y candidato a vicepresidente por el oficialismo, Amado Boudou, que esperan que se concrete la próxima semana.

Ante esto, parecen haber aprendido de la fallida experiencia de 2010, cuando el borrador de un acuerdo para una promoción diferencial para algunos departamentos mendocinos finalmente nunca se suscribió. A propósito, "la única forma de desistir del proceso judicial es llevarnos de la reunión un compromiso firmado: ya sea que el 699/10 no se aplicará, que se incluirá a Mendoza o una tercera vía", adelantan.

Por su parte, el ministro de Producción, Raúl Mercau, anticipó que, cuando sea, acompañará a los empresarios. Respecto del aval de la Justicia Federal, consideró que "volvemos a la situación inicial con el amparo. Puede pasar mucho tiempo antes de que la Corte se expida, pero lo positivo es que una Cámara que había rechazado un amparo por falta de representatividad, termina admitiéndolo. Esto significa un buen augurio para lo que viene. Mientras tanto nos da tiempo y tranquilidad".

Para lo que viene, Gobierno y Cámara estudian, en un simulador, "distintos escenarios de promoción", que servirán de estrategia negociadora si es necesario.