Con pancartas a favor de la minería, se movilizaron por las calles céntricas y llevaron su reclamo ante el Juzgado de Minas. Como el juez Raúl Guillermo Cerda estaba de licencia, su subrogante les explicó que la medida suspensiva -dispuesta por Cerda tras los incidentes del 15 de febrero- se mantenía vigente y a la espera de los resultados del informe sanitario-ambiental que el Ejecutivo encargó a la Fundación de Estudios Infectológicos (FUNCEI) y que el Gobierno ya tiene en su poder.

Los andalgalenses se trasladaron después hasta la Secretaría de Minería, donde su titular, Jorge Eremchuk les explicó que el levantamiento o mantención de la suspensión a Agua Rica es una decisión puramente judicial. De todos modos, el responsable de Minería les aclaró que la Provincia exige a la empresa una serie de trabajos que surgen de la Declaración de Impacto Ambiental en relación a riesgos ambientales que deben cumplimentar, independientemente de lo que disponga la Justicia.

Disconformes con el eco de su reclamo, los andalgalenses que, en su mayoría, aspiran a obtener un puesto de trabajo minero, anticiparon que pedirán al Gobierno Nacional que intervenga. Así lo hizo saber Elvio Tapia, uno de los voceros del Centro de Trabajadores del Oeste (CTO).

Incidentes con ambientalistas

Un incidente que terminó con la fractura del pie de un manifestante antiminero se registró la noche del jueves en Andalgalá, cuando asambleistas realizaban un escrache en un hotel céntrico donde una comitiva oficial mantenía una reunión con representantes del Gobierno canadiense que había llevado a firmar un acuerdo ambiental y energético. La cena posterior a la firma del acta se vio frustrada por un escrache que obligó a desalojar el hotel. En medio del desalojo, que incluyó huevazos y duras consignas contra la minería, el secretario de Obras Públicas del municipio de Perea atropelló a un manifestante y le provocó una herida en el pie.