“El que promete casas tiene que ir preso”, dijo Alperovich

“El que promete casas tiene que ir preso”, dijo Alperovich

El gobernador cargó contra el empleado del Instituto suspendido por posibles estafas Durán, interventor del Ipvdu, denunció ayer al trabajador ante la Justicia penal. Se reunirá hoy con manifestantes

 

“Con todo el esfuerzo que uno hace, (situaciones como estas) no se pueden admitir. Es un desgraciado, tiene que ir preso por prometer y vender viviendas... eso es lucrar con las necesidades de la gente”. El gobernador, José Alperovich, condenó ayer las presuntas estafas con casas sociales. El mandatario repudió que un empleado del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipvdu) haya, según las denuncias, ofrecido el ingreso a planes habitacionales mediante una suma de dinero.

“La gente sabe (que es un procedimiento irregular para acceso a una unidad), pero ante la desesperación de no tener dónde vivir, hace cualquier cosa”, consideró Alperovich. 

Gustavo Durán, interventor del Ipvdu, anunció que los abogados de la institución presentaron durante la mañana de ayer una denuncia penal en contra del trabajador Fabio Burgos. El hombre, que cumplía funciones en el área de Recupero, fue suspendido cuando ingresó la primera denuncia en su contra por escrito al organismo provincial. 

“Nos dejó muy preocupados y amargados. A una institución no se la puede mancillar por uno o por un grupo. Saldrá de la investigación si hay más involucrados. Creemos que esto no lo puede haber hecho una sola persona. Había quienes le llevaban clientes (a Burgos), que pueden ser de adentro o de afuera de la institución”, precisó el funcionario. Y dijo estar “seguro” de que los funcionarios del Ipvdu no estaban al tanto de los cobros clandestinos. 

Durán repudió también que pretendan involucrarlo. “Dicen que tienen videos y audios en los que Burgos me menciona. Y sí... el estafador qué va a decir, ¿que es enemigo de Durán? No. Dirá que es mi amigo. Es el ‘abc’ de todo estafador”, criticó. 

Manifestó que sólo cuatro ciudadanos presentaron sus denuncias por escrito en el Ipvdu y que, por lo tanto, no puede dimensionar el alcance de las posibles estafas. 

Por otro lado, reiteró que no puede “resarcir” a los supuestos damnificados con una casa. “Los acompaño en el mal momento que están pasando, pero sería una ilegalidad. Porque ¿qué pensará la gente que hace las cosas bien? Sabían que estaban incurriendo en un acto que no era el correcto para inscribirse. Se sabe que no se cobra nada antes de que se adjudique la unidad”, recordó.

Consignó que tanto el director de Recupero, Julio Wilde, como él, fueron “agredidos” por algunos denunciantes.

“Respuesta definitiva”

Durán recibirá durante la mañana de hoy al grupo de manifestantes. Daniel Castillo, vocero del grupo, aseguró ayer que irán por “una respuesta definitiva”. “Queremos que nos asignen (unidades) en los barrios que quieran, pero sin ir a sorteos. Sus empleados recibieron la plata e hicieron toda la estafa dentro del Instituto. Queremos un compromiso escrito ante las cámaras y ante escribanos independientes”, requirió. 

Consignó que tienen registradas más de 200 familias que se acercaron a expresar que habrían dado dinero a Burgos durante los últimos años y que estiman que llegarán a las 300. 

“Pagamos porque parecía la única manera de llegar a una casa. Muchos políticos tienen en Lomas de Tafí. Hay gente que se anotó en los padrones del Instituto y que nunca tuvo la oportunidad o la suerte que tienen los políticos”, deslizó. 

Precisó que, de acuerdo con los testimonios, las irregularidades datarían de hasta cinco años atrás y que habría familias que habrían entregado hasta $ 180.000. Expresó que sospechan que Burgos no actuaba solo: “Él mencionaba a varios empleados. Y, evidentemente, tenía un respaldo de adentro porque actuó (durante) cinco años”. 

Florencia Pellegrino, otra denunciante, afirmó que confió en el empleado porque supo de casos de familiares y amigos “que consiguieron sus casas mediante empleados”: “hace cuatro años pagué $ 20.000. Nos ilusionamos con tener nuestra propia casa”. 

El grupo protagoniza protestas desde hace varios días en la puerta del Ipvdu, en Muñecas al 400. Amenaza con instalarse allí de manera permanente hasta tener una respuesta concreta a sus reclamos. 

El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) instó al Poder Ejecutivo a normalizar el Ipvdu.“Resulta inconcebible que este tipo de denuncias afloren y que, en 10 años de gestión del alperovichismo, no se ponga la lupa sobre la serie de irregularidades que se suscitan allí”, argumentó. 

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