El Gobierno nacional prohibió ayer por decreto la publicación en los medios de comunicación de avisos que promuevan la oferta sexual y creó un organismo para controlar el cumplimiento de la medida.
La determinación oficial, además, establece la creación de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, la cual ejercerá el control para que se cumpla la medida. “Este es un gigantesco paso en la defensa de las mujeres”, consideró la Presidenta, aunque las publicaciones de este tipo avisos también abarca, aunque en menor medida, a los varones.
En su mensaje, la mandataria criticó “el famoso rubro 59” en el que los diarios agrupan los avisos de oferta sexual. La Presidenta afirmó que la medida “no es una condena a las mujeres” sino “una condena a los medios y a los que instrumentan este tipo de cosas a través de la explotación directa o de la propagandización de esa explotación a través de los medios”.
La prostitución, opinó la jefa de Estado, “es una de las tantas discriminaciones que sufre la mujer. Aunque no creo que sea la única”.
“Jamás vamos a condenar a una mujer, porque en la mayoría de los casos nadie elige la vida que tiene”, expresó durante el acto realizado en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa de Gobierno, y al que asistieron legisladores, artistas y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Entre los asistentes también estuvieron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, en cuya órbita funcionará la Oficina de Monitoreo.
En foco
Hay que desterrar las raíces del flagelo
Resulta de una simplicidad alarmante el anuncio que hizo la Presidenta. Prohibir avisos publicitarios de poco y nada servirá para combatir flagelos, como la trata de blancas y la explotación sexual, que responden a la precaria situación social que afecta a millones de compatriotas. Incluso la propia consultora que trabaja para el Gobierno nacional reconoce que la mitad de la población vive en situación de pobreza, o corre riesgo de ser pobre.
La única forma de solucionar estos problemas es empezar a desterrar los grandes bolsones de indigencia y de pobreza estructural que lleva a que miles de compatriotas ni siquiera tengan garantizado el acceso a un plato de comida diario, en un país con capacidad para alimentar a 300 millones de habitantes.
La falta de trabajo y de oportunidades de todo tipo hacen que muchas mujeres terminen vendiendo su cuerpo para poder sobrevivir y alimentar a su familia. A su vez, la delicada situación social que afecta a miles de menores también constituye el caldo de cultivo para que puedan actuar las redes de trata, especialmente en la zona norte del país, donde el poder político, por acción u omisión, resulta funcional. No por casualidad la Iglesia católica advirtió que la trata de personas con fines de explotación sexual “se extiende de manera desmesurada” en el país y “constituye una de las esclavitudes más crueles”. Días antes, la relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo, difundió un informe realizado tras visitar el país en el que detalló que los datos que poseen las autoridades en materia de formas, tendencias y casos de trata son “insuficientes”. Además, observó la “falta de refugios adecuados” y de “asistencia directa” a quienes fueron sometidos por las redes delictivas. Problemas tan complejos requieren de soluciones serias, y no de meros parches como lo que pretende aplicar el Gobierno nacional para evitar reconocer la aguda crisis social, que se extiende a lo largo y ancho del país.
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