Días atrás ingresó al Concejo Municipal un proyecto de autoría del abogado y secretario de Economía, Federico Lutz, que busca gravar el ejercicio independiente de la profesión de los cerca de 2.000 profesionales nucleados en 13 asociaciones, colegios y consejos de Bariloche.

En el proyecto avalado con la firma del intendente Marcelo Cascón, Lutz asegura que se trata de una ampliación de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y propone cobrar 34 pesos mensuales a todos los profesionales y un mínimo de 50 pesos mensuales para los alquileres de bienes muebles o inmuebles donde se presten este tipo de servicios.

Sin embargo, la Municipalidad designaría como Agentes de Percepción a las asociaciones, colegios, círculos y consejos que nuclean a los profesionales y los obligaría a "no dar trámite administrativo interno o externo a ningún requerimiento de los miembros que no haya pagado el último vencimiento de la tasa".

Por otra parte, el proyecto que cita como único antecedente a la propia Carta Orgánica Municipal y una ordenanza de la municipalidad de Cipolletti del año 2009, intentaría obligar también a los poderes del Estado Nacional y Provincial a "no dar trámite a requerimiento alguno, administrativo y/o judicial" si los profesionales no cumplieron con el pago establecido.

En diálogo con B2000, el concejal del ARI, Darío Rodríguez Duch, señaló que el Ejecutivo "está ingresando a un terreno inconstitucional" y definió al proyecto como "una barbaridad".

"Es como decir que no podés votar porque no pagás las tasas. Lo increíble es que lo firma Federico Lutz que es abogado", evaluó el abogado quien agregó que "así como está planteado es inconstitucional y avasalla el libre ejercicio de las profesiones porque el profesional realiza sus aportes pagando ganancias, ingresos brutos y rentas a Nación y Provincia".

Rodríguez Duch comparó la situación con la eximición del pago de 700.000 dólares que el Ejecutivo realizó al emprendimiento Dos Valles en concepto de financiamiento de las obras de gas que se tienen que desarrollar en el barrio Pilar I.

"En este momento le están perdonando 700.000 dólares a Clutterbuck y a Milhas por el tratamiento por rango III del proyecto Dos Valles y ahí también están ingresando en la ilegalidad porque está estipulado por ordenanza que tenían que realizar obras para darle un beneficio a la Municipalidad", agregó y concluyó diciendo que "suponiendo que la recaudación sea del 50 por ciento, la tasa representaría nada más que 34.000 pesos por mes".

Desde el Consejo de Ingenieros y Agrimensores, José Repossini, comentó que hay acuerdo entre los distintos organismos en definir el proyecto como "un impuesto al trabajo". "Los estados municipales no tienen facultades impositivas y esto no es una tasa porque tendrían que brindar una contraprestación y no es el caso" subrayó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Diego Breide, señaló a B2000 que el Ejecutivo "se está excediendo en sus competencias y atribuciones". "La Municipalidad no tiene poder de policía ni competencia en materia del ejercicio profesional" indicó y agregó que no existe fundamento para generar una categoría dentro de la municipalidad para profesionales.

El abogado y ex concejal por Encuentro, subrayó que los profesionales brindan "servicios" y no ofrecen "bienes". "La actividad de las distintas asociaciones no es asimilable con la de los comerciantes o quienes realizan intercambios de bienes porque los profesionales prestan servicios", aclaró y comentó que el ejercicio de las profesiones está regulado por leyes nacionales y provinciales, son habilitadas a través de los títulos y las matrículas y están controladas por colegios, consejos y asociaciones.

"Sin duda, este proyecto atenta contra el libre ejercicio de la profesiones" afirmó Breide quien evaluó que la necesidad recaudatoria del Ejecutivo genera "inventos de hechos imponibles".