Así se expresó Fernando Carrizo Fierro, titular de la Asociación Ganaderos de Villarino para la Sanidad Animal (Zona Norte), Agavisa, quien participó de reuniones con autoridades nacionales y provinciales convocadas especialmente para tratar la problemática de la seca, así como para dar respuesta ante los daños producidos por los incendios de campos.

“Desde un primer momento advertimos la voluntad de quienes nos visitaron para escucharnos y, juntos, encontrar soluciones”, dijo.

El lunes 24 de enero, en Tornquist, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Alejandro Rodríguez, acompañado por el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi, presentaron un plan de asistencia, así como eximirlos del pago del impuesto inmobiliario por el presente semestre.

“Ya se ha concretado la prórroga por seis meses del estado de desastre agropecuario por sequía e incendio, desde el 1 de enero al 30 de junio de este año. Este beneficio es para alrededor de 3.000 productores”, señaló Carrizo Fierro.

También se confirmó la firma del decreto, por parte del gobernador Daniel Scioli, para similar desastre, del período 1 junio de 2013 a 30 de diciembre del mismo año.

Pendiente está la evaluación de las demandas de subsidios para los productores no sujetos de créditos, con destino a la reposición de alambrados, instalaciones de trabajo y compra de forraje o pastoreos para la hacienda.

Asimismo, líneas especiales del Banco Provincia que contemplen una tasa del 50%; 2/3 años de gracia y 10 años de plazo.

También se pidió la declaración de catástrofe climático y productiva bajo el decreto 2495/01 (art. 9), que permite crear un comité de crisis, generar un fondo de asistencia financiera y un marco de excepción para ayudar a productores.

Con la presencia de María del Carmen Alarcón, secretaria de Integración Nacional, de la jefatura de Gabinete de Ministros, el jueves 30 de enero se desarrolló en Hilario Ascasubi otra reunión.

En esa ocasión, los productores solicitaron la total exención impositiva y previsional para el distrito, con el paraguas de la ley 24.959/98 y su decreto complementario 1.386/01 para este 2014.

“Este beneficio ya lo tuvo Villarino de 2000 a 2002, en 2008 y en 2009. Además, esta ley permite inyectar partidas a un fondo de asistencia nacional para subsidiar a pequeños y medianos productores no sujetos de crédito”, acotó el dirigente.

También se pidió la actualización de un estudio de cuantificación de daños y afectación climática del medio ambiente y suelo similar al de 2001, realizado por el INTA y la CONAE a solicitud de Aprovis y la comuna.

“Es un estudio integral, que pone números y valor de acuerdo con las características actuales de la zona”, dijo.

Finalmente, se insistió en gestionar ante el Prosap por el proyecto de riego para Villarino norte y Patagones sur, que incluye el trasvase del río Negro al río Colorado.

“El proyecto tiene dictamen favorable por el estudio de prefactibilidad realizado desde el ministerio de la Producción a cargo de Cristian Breitenstein. El Prosap ya notificó que es viable. De todos modos, para concretarlo debe esperarse la solicitud de Asuntos Agrarios y de Corfo, que ahora depende del ministerio de la Producción”, sostuvo Carrizo Fierro.

Ley del Sudoeste Bonaerense

¿Presupuesto de 50 millones?

En aquella reunión de productores del 24 de enero en Tornquist, el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro Rodríguez, se comprometió a trabajar en pos de una adecuada implementación de la Ley de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.

“Lo real es que el Consejo Regional de la ley del SOB no tiene ni el director (NdR: el último titular fue Claudio Iribarren)”, señaló Fernando Carrizo Fierro, quien es miembro del organismo.

En la venidera cita del Consejo Regional, que se prevé realizar, también en Tornquist, el próximo martes 25, al ministro Rodríguez se le planteará la necesidad de priorizar políticas de fondo para que la ley 13.647 pueda concretarse.

“También tendrá que haber voluntad política para la designación de ocho representantes ministeriales y de organismos públicos, como son los casos de CORFO y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, quienes no están en el Consejo Regional desde hace siete años”, explicó.

“También será determinante la designación del coordinador del Consejo Regional en representación del propio ministro Rodríguez”, añadió.

Los dirigentes también quieren corroborar que se encuentre activa la partida presupuestaria que, como referencia, se considera que debería ser de $ 50 millones.