El organismo nacional determinó que el financista, investigado por lavado, evasión y asociación ilícita, actuaba sin la autorización del Banco Central y elevó un informe a la Justicia Federal.
El informe fue remitido por el área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, a pedido de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero, a cargo del fiscal Pedro Eugenio Simón.
En la causa se investigan actividades características de la denominada “banca de hecho”.
El juicio, precisó la Procuraduría, cobró notoriedad pública a partir de que se difundiera la existencia de varios procesos judiciales promovidos por Fuhr, por sumas de dinero que oscilaban los 25 millones de pesos, y que provendrían de operaciones con un origen ilícito de los fondos y préstamos usurarios.
Delito
El escrito de colaboración enviado por la Procelac, señala que las actividades realizadas por los imputados se corresponderían con el delito de intermediación financiera no autorizada.
Allí se específica que “de la prueba incorporada a la causa surge con claridad la actividad de captación de ahorros del público, aplicados a la concesión de préstamos con el propósito de realizar un negocio”.
Esta actividad no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), “requisito imprescindible, que tiene el objetivo de velar por la protección del sistema financiero de los manejos irresponsables de personas jurídicas o físicas no supervisadas”.
En el requerimiento de instrucción se adujeron además los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva, motivo por el cual también se encuentra prestando colaboración en la causa el área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac.
Investigación
El fiscal federal, Dr. Pedro Simón, ya recibió el informe y señaló a EL LIBERAL que en el transcurso de los próximos días lo estudiará minuciosamente a fin de determinar cuáles son las posibles faltas en que habría incurrido el contador y financista.
Fuhr es investigado por numerosas causas de defraudación de acreedores, los cuales le habrían confiado su dinero para que éste los administrara. Se presume que decenas de ellos no podrán recuperar la suma otorgada al acusado.
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