A partir de los elementos de pruebas reunidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), producto de unos quince allanamientos realizados en el mes de febrero por Gendarmería, la Procuraduría General de la Nación requirió la indagatoria de Rubén y Angel Ale por el delito de asociación ilícita, con el propósito de lavar activos productos de la trata de personas.

La presentación realizada durante la mañana de este viernes, lleva la firma del fiscal federal subrogante, Carlos Díaz Vélez, ante la ausencia del fiscal Carlos Brito. Ahora, el juez federal N°2, Fernando Poviña (h), deberá resolver si hace lugar al requerimiento contra los hermanos Ale y el grupo de personas de la provincia de La Rioja, que estaban implicados en la desaparición de Marita Verón. Además, de otros sospechosos de haber formado parte de un grupo organizado por Rubén y Angel Ale para delinquir. Entre las cuales se destaca la figura de María Jesús Rivero, ex esposa de Rubén "La Chancha" Ale.

Ante los periodistas, en dependencias de la Justicia Federal, el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), explicó que la investigación contra los hermanos Ale se inició durante el año 2012, a partir de las sospechas que despertó ante la UIF, el importante movimiento de activos, que no tenía relación con los registros de la Afip.

El representante del ministerio público reconoció que durante el juicio por la desaparición de Marita, donde fueron absueltos todos los imputados, surgieron diversos elementos que para la Justicia "resultan determinantes para sospechar que los Ale y sus allegados formaban parte de una asociación ilícita para el lavado de activos productos de la trata de personas".

Gonella reveló que durante los allanamientos a la remisería de los Ale, se halló una carta de una joven que sería una de las víctimas de la trata de personas. Esto reforzaría las sospechas de la Justicia, en el sentido de que lo producido en la explotación sexual de las mujeres secuestradas, era introducido al sistema financiera con la compra de propiedades y otros activos, como autos de alta gama.

Los antecedentes

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, reveló hace dos semanas detalles de la investigación que llevaron adelante contra Rubén “La Chancha” Ale y su grupo de 23 allegados, entre ellos María Jesús Rivero y Daniela Milheim, las que estuvieron imputadas en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Por esta investigación la UIF pidió al juez federal, Fernando Poviña que cite a indagatoria a Ale y sus allegados.

Para la investigación de la UIF, Ale es “cabecilla” de "una asociación ilícita dedicada a la trata de personas para explotación sexual, defraudaciones, cambio de cheques y lavado de activos".

Aunque fue investigado en las primeras fases de la causa por la desaparición de Marita (ocurrida en abril de 2003), por ser dueño de la remiseria, en uno de cuyos autos la habrían secuestrado y trasladado, Ale no llegó a ser imputado y estar en el juicio. Sí lo estuvieron Rivero y Milheim, que fueron sus parejas. Ellas, junto a los otros 11 imputados del caso, fueron absueltas en un polémico fallo en diciembre del año pasado.

Sbatella sostuvo que la absolución en el juicio sobre el secuestro y desaparición de Marita Verón "se basa en que no aparece el cuerpo del delito". Aunque afirmó que los "delitos como la trata de personas, el lavado de dinero proveniente de la trata, el negocio de juegos clandestinos, está explicitado en la sentencia, todo eso se estaba cometiendo y por eso entramos nosotros a investigar".

En marzo de este año se realizaron quince allanamientos (catorce en Tucumán, uno en Catamarca) a propiedades vinculadas a Ale. Sbatella explicó a Infojus Noticias que estos “se hicieron en simultáneo con fuerzas de Gendarmería de otras zonas y con apoyo de helicópteros para evitar que oculten o trasladen pruebas de un lugar a otro”. También participó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Sbatella no dudó en calificar al grupo de Ale como "mafioso". "Hace 20 años que tiene una expansión continua y que ha llegado a tener candidatos a diputados y ha controlado el principal club de fútbol de Tucumán". Así, la banda estaba "prácticamente instalada como en una especie de supra poder que llegó a controlar hasta sectores de la justicia", enfatizó.

También dijo que el grupo tiene "un empresa de taxis" a la que describió como "una estructura que abarca varias provincias, y son taxis que hacen los movimientos de mujeres a los prostíbulos y las trasladan sin saber a dónde van".

Armas, dinero y documentación fueron parte de los elementos secuestrados durante los allanamientos.