El funcionario consideró que “pareciera que es una cuestión particularizada con el Ministerio Público, porque en el resto del Poder Judicial se pidieron ochenta cargos y se otorgaron cuarenta”.

Bongianino, que está bajo la lupa de los diputados y sobre el que pesan dos pedidos de juicio político por el cuestionado trabajo de los fiscales en el caso de la desaparición y muerte de la menor Sofía Viale, evidenció que de seguir el gobierno con esta línea de “desconsideración” hacia los reclamos del Ministerio Público, se afectará el servicio de justicia en lo que hace a la investigación criminal.

- Bongianino, ¿a qué se debe su presencia en la reunión donde se trata el Presupuesto 2013 con el Ministro de Hacienda, Sergio Violo?

- El objeto de mi presencia es que se trata el presupuesto y dentro de ese tratamiento está lo que hace al Poder Judicial y, a su vez, dentro de lo que hace al Poder Judicial, lo del Ministerio Público, que es lo que nos interesa, por eso queremos escuchar las explicaciones que da el ministro del área respecto a que una vez más no se contemplan los pedidos que realizamos, pedidos concretos que hacen al buen funcionamiento del servicio de justicia, fundamentalmente en lo que hace a las investigaciones criminales.

- ¿Cuál fue el pedido concreto que le hizo el Ministerio Público al Ejecutivo en cuanto a lo presupuestario?

- En este año se pidieron 32 cargos, de los cuales se explicitaron el por qué y los para qué, y que tienen que ver con la puesta en funcionamiento de instituciones contempladas específicamente en la ley y que hacen a la reforma procesal penal que está en curso, de los cuales se otorgaron, en total, 3, pero de los peticionados (32) sólo uno. Se otorgó uno que no se pidió y otro que, entendemos, porque no sabemos bien, es una reconversión de un pedido.

- ¿Qué organismos o institutos no se podrán poner en funcionamiento a partir de esta carencia de cargos?

- No se podrá poner en funcionamiento el Registro de Condenados Sexuales, toda vez que no hay ningún cargo contemplado para eso, al igual que en la Oficina de Control de la Suspensión de Juicio a Prueba y la de Gestión Permanente, donde tampoco hay ningún cargo. Tampoco se podrá contemplar lo que se había hablado el año pasado de la Oficina de Protección de la Víctima y el Testigo, cuando en es oportunidad se dijo que esto era un inicio para poner en funcionamiento estas oficinas y en este presupuesto tampoco se contempla ningún cargo para eso; además de otros requerimientos históricos del Ministerio Público Fiscal que está funcionando con una estructura en algunos lugares igual a la que contaba antes de tener todas las tareas que hoy desarrolla.

- ¿Esta misma reticencia del Ejecutivo a otorgar cargos, pasa con el resto de la Justicia o es una cuestión particular del Ministerio Público?

- Pareciera que una cuestión particularizada con el Ministerio Público, porque en el resto del Poder Judicial creo que se pidieron ochenta cargos y se otorgaron cuarenta. O sea que me parece que se está puntualizando en el sector donde precisamente hoy se observa la mayor carga de trabajo y el mayor requerimiento social, que es precisamente la cuestión de la investigación criminal.

- ¿A qué atribuye esta situación que afecta puntualmente al Ministerio Público?

- No sé a qué atribuirlo. Yo hago la solicitud con la explicación necesaria, y es un pedido reiterado, porque lo venimos haciendo desde el año 2008 y siempre se prioriza alguna otra cuestión, pero no es materia mía hacer esa evaluación.

- ¿Y a su entender esto dificulta o afecta el normal servicio de justicia?

- Yo entiendo que de seguir en esta línea estamos dando señales de que se afecta el servicio de justicia en la investigación criminal propiamente dicha.

- ¿Qué respuesta le ha dado el Superior Tribunal de Justicia en este caso?

- Que ellos trasladan las peticiones del Ministerio Público, de hecho lo han hecho así, pero bueno, esa es la explicación.

- ¿Considera que se puede revertir esta situación en el tratamiento que le den los diputados al presupuesto?

- Yo espero que los diputados, que son los que en definitiva van a hacer el tratamiento y la aprobación del presupuesto, reviertan en parte esta desconsideración hacia el Ministerio Público.