Gils Carbó recordó que la Corte solo tiene competencia "originaria" en casos relacionados con embajadores, ministros y cónsules extranjeros, o donde es parte una provincia. "La facultad de los particulares para acudir ante los jueces en procura de la tutela de los derechos que les asisten no autoriza a prescindir de las vías que determinan los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias", agregó Gils Carbó, quien destacó que, según el artículo 117 de la Carta Magna, la competencia "originaria" de la Corte es "taxativa" y "no puede ser extendida por persona o poder alguno".

La Procuradora también cuestionó la "legitimación" de quienes realizaron la presentación. "Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno, deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura", consignó el dictamen.

La acción de amparo, con la firma de los letrados Alejandro Lipovetzky y Gustavo Palópoli, entre otros, había cuestionado que se acordara crear una "Comisión de la Verdad" con un país que debe ser considerado "sospechoso", pero el dictamen conocido durante la jornada consideró que quienes impulsaron la acción no demostraron “un interés particular que los erija en parte sustancial del proceso”.