El Fiscal General analizó la situación de las personas procesadas por facilitar la tramitación de licencias de conducir en forma ilegal a través de una asociación ilícita dentro del Distrito Descentralizado “El Gaucho”. Pero además se refirió a las medidas que se tomarán sobre aquellos ciudadanos que obtuvieron sus registros por este medio.

Fabián Fernández Garello destacó dos de las particularidades que tuvo la investigación: la reserva de la misma y la colaboración de la administración pública.

Pero el fiscal hizo hincapié en la situación de aquellos ciudadanos que fueron de alguna manera cómplices de esta asociación ilícita al tramitar sus licencias de conducir a través de esta banda. Esa, adelantó, será la próxima investigación que se abrirá.

“Es muy fácil establecer quienes tienen multas pendientes e igual sacaron la licencia”, advirtió Fernández Garello y por eso sugirió: “Es preferible que se presenten voluntariamente ante la Justicia, porque ahora viene una investigación en la que van a ser procesados por el delito de cohecho”.

Es que según explicó, “se tendrá muy en cuenta a quienes vengan voluntariamente a reconocer sus culpas”, ya que el sistema procesal permite que los fiscales evalúen la buena voluntad de quien comete el delito después de haberlo cometido.

En cuanto a los empleados y funcionarios ya imputados, Fernández Garello aclaró que el hecho de “que alguno quede libre no implica que no quede afectado a la causa” y que “los mismos fiscales preferimos dejar los cupos de la cárcel de Batán para los violentos”. “Lo que interesa es cuanto antes sacarlos de la administración pública”, subrayó en diálogo con el periodista Bernabé Tolosa (Radio 10).

Además, señaló que muchos de los involucrados se negaron a prestar declaración. Sin embargo, “en algunos casos las penas previstas para los funcionarios públicos tampoco son muy altas”, por lo que no se esperan condenas realmente importantes.

En este sentido, el fiscal general remarcó la necesidad de que haya “penas más severas” para los funcionarios, tal como establece el proyecto de reforma del Código Penal.

Sin embargo, finalmente aclaró que “la pena se ve incrementada porque hay una sociedad ilícita que es un delito autónomo”, aunque dijo que “en algunos delitos de funcionario público la pena es similar a quien comete una estafa de manera privada”.