Lo primero es la familia: denuncian a Cacho Cortalezzi, a su esposa, a su hermana concejala y a otros 15 parientes por fraude al Estado

Lo primero es la familia: denuncian a Cacho Cortalezzi, a su esposa, a su hermana concejala y a otros 15 parientes por fraude al Estado
La Asociación Bancaria, representada por el abogado Gustavo Morales, anticipó que este lunes denunciará ante la justicia penal a Cacho Cortalezzi, interventor en la Caja Popular de Ahorros, a su mujer Mabel Adriana Stojanovich, a su hermana concejal María Elena Cortalezzi, y a otros 15 parientes, por presunto fraude en perjuicio de la administración pública y otros delitos.
La denuncia apunta a la existencia de una largo listado de personas presuntamente familiares de Cortalezzi y su mujer, que cobrarían en distintas reparticiones del Estado.

Entre otros puntos, además se pedirá que se investigue si Cortalezzi está percibiendo los polémicos “gastos sociales” de la Legislatura, pese a estar con licencia legislativa.

El doctor Morales remarca que “extrañamente, Cortalezzi no percibe sueldo alguno. O sea, no cobra como interventor de la Caja ni como legislador. Entonces surgen los siguientes interrogantes: ¿de qué vive Cortalezzi? o ¿de quién vive”.

El letrado pidió a la fiscal de turno que la denuncia sea decretada como asunto de feria por ser “de interés público”. Reclamó que Cortalezzi sea investigado por el presunto delito de “proposición ilegal de un cargo”, y se averigüe sus nexos familiares con múltiples personas que se desempeñan en la administración pública.

Además, La Bancaria quiere que se investigue a la esposa de Cortalezzi, Mabel Adriana Stojanovich, por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” en concurso real con el presunto delito de “aceptación ilegal del cargo”, artículo 253 del Código Penal, en orden al artículo 55 del mismo digesto sustantivo.

Por el mismo delito presunto reclama que se investigue a la hermana del titular de la Caja Popular, la concejala capitalina María Elena Soledad Cortalezzi.

El abogado Morales adelantó que la denuncia también involucrará, “por presunto fraude en perjuicio de la administración pública a Ernesto Adrián Cortalezzi, DNI 25.213.135, con domicilio real en la calle Alberto Rougés de San Miguel de Tucumán, y contratado en la Comuna El Bracho Cevilar, a Diego Nicolás Cortalezzi, DNI 30.835.322, y a Daniel Oscar Cortalezzi, DNI 26.531.789”.

La presentación judicial señala que Cortalezzi se desempeña en forma simultánea como interventor de la Caja Popular y como “legislador provincial en uso de licencia (sic)”.

Agrega que, a pesar del tiempo transcurrido desde su asunción como interventor de la Caja, “Cortalezzi aún no presentó su legajo, entre otras razones, por no poder obtener –al menos legalmente- un certificado de buena conducta, habida cuenta de los numerosos procesos penales en trámite en su contra”.

El doctor Morales remarca que “extrañamente, Cortalezzi no percibe sueldo alguno. O sea, no cobra como interventor de la Caja ni como legislador. Entonces surgen los siguientes interrogantes: ¿De qué vive Cortalezzi? o ¿De quién vive?; pues es básico en materia laboral que todo trabajo se presume oneroso”.

“¿Tal vez utiliza los eufemísticamente denominados “Gastos sociales” que se otorgan los legisladores provinciales?”, pregunta el letrado.

El representante legal de La Bancaria remarca por otra parte que “Cortalezzi y los familiares de su cónyuge efectuaron un verdadero copamiento de la administración pública, así como la obtención de subsidios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán y de Asignación Universal por hijo, diseñados para personas de escasos recursos”.

En el caso de la mujer de Cortalezzi, Mabel Adriana Stojanovich, los denunciantes señalan que figura como “propietaria del Hotel Plaza SRL”, de calle Santiago 1054, como “propietaria del Colegio Las Colinas”, y como “personal temporario de la Legislatura”, cargo por el que en diciembre último percibió 12.268 pesos.

“Es de preguntarse por qué los organismos de control no advirtieron tamaña situación irregular y, sobre todo, no apreciaron en qué momento trabajaría en la Legislatura la señora Mabel Adriana Stojanovich”, señala el doctor Morales.

También se señala la situación de María Soledad Cortalezzi, DNI 28.147.442, quien se desempeña como “personal temporario de la Legislatura”, del anteriormente mencionado Ernesto Adrián Cortalezzi, quien empezó a percibir como “personal temporario de la Legislatura” y luego “como personal de Comuna El Bracho – El Cevilar, aunque nadie de dicha comuna lo habría visto trabajar allí”.

En el caso de Roxana Edith Cortalezzi, DNI 22.806.282, figura como perteneciente a la “administración pública en escuelas provinciales”, en tanto que Laura Fabiana Cortalezzi “se desempeña en Mesa de Entrada de Casa de Gobierno”.

También cobran del Estado Manuel Oscar Cortalezzi, DNI 36.867.818, y Jorge Luis Cortalezzi, quien se desempeña en “Siprosa Don Orione” (sic).

En el Departamento General de Policía, en tanto, se desempeña Jorge Carlos Cortalezzi, DNI 21.137.263, según puntualizó el abogado Morales.

En el caso de María Elena Soledad Cortalezzi, DNI 6.932.132, la denuncia señala que “figura percibiendo una jubilación, y además percibe como concejala del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.

Cristina Fátima Cortalezzi, DNI 12.209.560, se desempeña como “personal temporario de la legislatura”, al igual que Silvia Adriana Stojanovich, DNI 21.027.013, y Mónica Adriana Stojanovich, DNI 23.331.122. Esta última, “registra dos domicilios, uno en la ciudad de San Miguel de Tucumán y otro en el Barrio Lomas de Tafí”.

Por otra parte, Guillermo Jorge Stojanovich, DNI 8.082.280, figura como “personal temporario de la legislatura”; y Diego Nicolás Cortalezzi, DNI 30.835.322, percibió “Asignación Universal por Hijo”.

Daniel Oscar Cortalezzi, DNI 26.531.789, se desempeñó como “personal temporario de la legislatura”, y además “fue beneficiado por subsidios del Poder Ejecutivo para personas de escasos recursos, propuesto por Armando Cortalezzi”.

Eugenio Pascual Cortalezzi, DNI 13.950.427, se desempeñó como “personal temporario de la Legislatura”, entre los años 2009 y 2011. Mariela Mercedes Cortalezzi, DNI 27.634.090, también fue beneficiada con subsidios, a propuesta de Armando Cortalezzi, puntualiza la denuncia de Morales.

El letrado señala que “por otro lado se debe resaltar que los mayores beneficiados en la obtención de subsidios para personas de escasos recursos -al menos en la teoría, desvirtuado por la corrupta praxis política- son el legislador e interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Roque Cortalezzi, y los legisladores Guillermo Gassenbauer, hijo del Ministro de Seguridad Ciudadana, y Arnaldo Jiménez, hijo del Ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez”.

El doctor Morales pedirá a la Justicia que se libren oficios al Banco del Tucumán para conocer si Armando Cortalezzi percibió sueldos como legislador y/o interventor en la Caja Popular en los últimos tres meses de 2012, y si percibió suma alguna en concepto de “gastos sociales” u otra denominación similar, en su carácter de legislador del Partido Justicialista.

Además, requerirá al Banco del Tucumán informes sobre pagos a todas las personas involucradas en la denuncia, como así también a la Legislatura para que remita el legajo completo de Mabel Adriana Stojanovich, e informe sobre los nombramientos de otras personas involucradas en la denuncia. Lo mismo pide al Poder Ejecutivo.

Morales también requiere que “se libre oficio al Banco del Tucumán –Casa Central– para que informe el nombre y apellido de la persona física y/o jurídica de la cuenta corriente nº 113316/9, así como del propietario o propietaria o responsable; debiendo remitir la documentación respaldatoria”.

Finalmente, se pida que la denuncia sea incluida como asunto de feria, “habida cuenta que excede holgadamente el interés de un ciudadano para comprometer a toda la sociedad, por el escandaloso manejo de los fondos públicos -barnizados con nombres de gastos sociales o subsidios-, así como las conductas antirepublicanas -por su total falta de transparencia y arbitrariedad-, de quiénes pretenden representar al pueblo”.

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