La primera batalla electoral fue ante la Justicia y por los símbolos partidarios

La primera batalla electoral fue ante la Justicia y por los símbolos partidarios
El PJ, la UCR y el PL salieron con los tapones de punta a prohibir que los opositores utilicen los símbolos de cada fuerza. “Se induce al error y a la confusión”, arguyeron.

r el temor de inducir al error y a la confusión a los votantes, apoderados del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y la intervención del Partido Liberal, acudieron a la Justicia Federal para prohibir el uso de la simbología partidaria por parte opositores. En los estrados judiciales se libró la primera batalla electoral de cara a las primarias del 11 de agosto. Ninguna fuerza quiere dar ventajas.

Los radicales le apuntaron al senador Eugenio “Nito” Artaza, quien tras oficializar su precandidatura a diputado nacional por la alianza Cambio Popular (Unión Popular y GEN), empapeló la ciudad con sus populares carteles rojos y blancos, escudo radical y la leyenda “Nito 2013, Energía para Corrientes”. La situación despertó la ira de la apoderada de la alianza Encuentro por Corrientes, Silvia Casarrubia, quien interpuso una medida autosatisfactiva para prohibirle al legislador cualquier mención y utilización de los símbolos y colores del radicalismo. El juez federal Carlos Soto Dávila asintió.

Poca horas después los representantes legales del Partido Justicialista acudían al mismo magistrado para prohibirle al duhaldista Edgar “Egui” Benítez cantar la marcha peronista.

Sucede que el presidente de la Unión Popular (partido del ex presidente Eduardo Duhalde) tenía un spot publicitario en el que se anunciaba su candidatura a diputado provincial y de fondo sonaba el himno peronista.

Inmediatamente los peronistas solicitaron que se ordene “el cese del uso indebido de imágenes, marca partidaria y/o simbología de toda naturaleza que induzcan a error y confusión a los votantes”. Soto Dávila falló a favor de los kirchneristas.

También los liberales anti K debieron acatar la resolución judicial que les impide utilizar la palabra “liberal”.

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