En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador (FR) el bloque Justicialista, el Partido Socialista (PS) y otros espacios firmaron dictamen en la comisión de Legislación del Trabajo para declarar la emergencia ocupacional y prohibir despidos sin causa hasta diciembre de 2017, con efecto retroactivo al primero de marzo. Los representantes del interbloque Cambiemos, en cambio, rechazaron la iniciativa acusando al proyecto de estar impulsado por cuestiones “ideológicas” -algo que los diputados de la oposición, lejos de negar, reafi rmaron orgullosamente-, adujeron vicios de “inconstitucionalidad” en la norma y minimizaron el escenario actual de despidos, comparándolo con 2001.

Igualmente, el trámite parlamentario está en etapa embrionaria. Los proyectos fueron girados también a la comisión de Presupuesto que preside Luciano Laspina (PRO), el hombre fuerte del macrismo en temas económicos en la Cámara baja. Por eso la oposición, para evitar el cajoneo del expediente, enviará una carta exigiendo el tratamiento “urgente” del proyecto que ayer tuvo despacho en la comisión de asuntos laborales. Si consiguieran reunir a ese cuerpo, hay diputados de sobra para cerrar el despacho.

Restaría forzar al ofi cialismo a sesionar o, más complejo, impulsar una autoconvocatoria. El texto consensuado por los bloques opositores, tras un par de semanas de discusión, ordena suspender los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017, dejando al trabajador despedido una doble opción: iniciar acciones legales -vía un trámite sumarísimo- para exigir su reinstalación o convalidar el fi n de la relación laboral, caso en el que su patrón deberá abonarle el doble de la indemnización correspondiente.

Las 19 fi rmas del despacho de mayoría las aportaron diez legisladores del FpV, cinco del interbloque massista, dos del Justicialista, Alicia Ciciliani (PS) y el canillita Omar Plaini. La izquierda presentó un proyecto propio aunque adelantó su apoyo al consensuado. Un universo de voluntades que, proyectada al mapa del recinto, alcanzaría los 150 votos.

Muy por encima del quórum necesario para sesionar. Para evitar que el empresariado y el propio Gobierno utilicen el tiempo de trámite legislativo para seguir achicando sus plantas bajo el régimen vigente, la ley plantea un efecto retroactivo al 1 de marzo pasado. Este fue uno de los aspectos más discutidos, pero consensuaron extender el alcance de la ley a esa fecha, cuando mayor aceleración tomó la avalancha de despidos impulsada por el Gobierno en estamentos estatales y multiplicada en el sector privado. La Unión Industrial Argentina (UIA) amenazó días atrás con engordar la lista de despidos. Su secretario General, Juan Carlos Sacco, mencionó que entre “100 y 200 mil puestos de trabajo” podrían perderse por el efecto de la crisis brasileña y el impacto del tarifazo en los costos de producción. Para las empresas que busquen ampararse en “falta o disminución del trabajo” o “causas económicas o tecnológicas” para justifi car despidos, la ley prevé la aplicación del procedimiento de crisis regulado por la ley de Empleo, en el que las compañías tienen que abrir sus libros contables para demostrar su fragilidad fi nanciera, independietemente de cuántos sean los trabajadores despedidos.