El Gobernador se reúne hoy con los miembros del máximo tribunal de Justicia. Propondrá ideas para reorganizar el sistema judicial y agilizar la investigación y esclarecimiento de los delitos. Los partidos de la oposición esperan que los convoque.
Y propondrá un acuerdo de reorganización de la Justicia que contemple una reconversión de juzgados que incluya dos más de Flagrancias y otros cuatro de Garantías, con vistas a que se agilicen los procedimientos de investigación y resolución de los delitos penales.
Se espera también que incorpore a este entendimiento la implementación de la demorada Policía Judicial, un reclamo histórico de la Procuración general y de las fiscalías.
La implementación final del Código Procesal Penal en el Valle de Uco y la Zona Sur de la provincia, áreas pendientes de aplicación fuera del Gran Mendoza y la Zona Este. Y hasta una "reingeniería de los recursos humanos" en Tribunales.
Participantes
Pérez acudirá acompañado por sus ministros de Seguridad, Carlos Aranda; de Trabajo y Gobierno, Félix González y de la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, una de las principales impulsoras de las reformas.
Será recibido por la totalidad de los ministros de la Corte: Pedro Llorente, Jorge Nanclares, Mario Adaro, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Carlos Böhm y Herman Salvini, el procurador Rodolfo González y el coordinador de Políticas Públicas de la Corte, Raúl Vicchi.
Los principales temas de interés del Ejecutivo provincial fueron adelantados este domingo a Los Andes por Ronda, también candidata a diputada nacional en cuarto lugar por el Frente para la Victoria, quien hizo referencia además a la implementación de un ministerio público de defensa "independiente y autárquico" (equivalente al ministerio público de fiscales).
Ronda destacó "la necesidad de un régimen penal juvenil" aunque no hizo un pronunciamiento expreso sobre la edad de corte para la imputabilidad de los menores (catorce o dieciséis años).
La funcionaria hizo notar que el objetivo de reducir los niveles de impunidad para bajar el delito forma parte de una política general de seguridad "con base en la inclusión y la construcción de ciudadanía".
La reunión de hoy tendrá lugar en momentos de fuerte discusión social en torno a la mejor manera de alcanzar una mejor efectividad en la lucha contra el delito. Y se llevará a cabo a 33 días de una elección legislativa que parece ofrecer mayores chances de victoria a la oposición que al oficialismo.
El tema se ha potenciado en la provincia -como ya sucedió en otras oportunidades similares- a raíz de la conmoción social que se reitera tras un crimen violento 'en ocasión de robo' contra un miembro de la clase media mendocina.
Y cuando el propio gobierno nacional ha movilizado gendarmes sobre la provincia de Buenos Aires -principal distrito electoral del país- buscando atender los reclamos de los mismos intendentes oficialistas.
Partidos sin invitación
"Aún no nos ha llegado ninguna invitación" coincidieron en afirmar dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), del Partido Demócrata (PD) e inclusive del Partido Justicialista (PJ). Se referían a una convocatoria del Gobierno a los partidos políticos con vistas a alcanzar un acuerdo para establecer "una política de Estado contra el delito" que considere el tema de la inseguridad "al margen del proceso electoral".
Ayer circularon versiones en torno a una inminente convocatoria del Ejecutivo a las autoridades de los partidos políticos que se produciría "luego del encuentro del Gobernador con la Suprema Corte".
Sin embargo, ayer no había novedades sobre el tema y la expectativa se trasladó para esta jornada. Sobre el particular, la semana pasada existieron contactos telefónicos entre el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo (presidente de la UCR), su par de Guaymallén (titular del PJ), Alejandro Abraham y el coordinador del gabinete de Pérez, Eduardo Bauzá.
Las especulaciones sobre los preparativos de este encuentro incluyen paralelos con el entendimiento secreto alcanzado por los partidos políticos en la época del ex gobernador -también justicialista-, Arturo Lafalla.
Por entonces la fuerza policial incurrió en actitudes de sedición mediante una "rebelión policial" que puso en riesgo la autoridad del poder político sobre el policial.
Nada de esto sucede en la actualidad y el presunto acuerdo político apunta a alcanzar respuestas frente al delito "común". Las novedades se producirían luego del encuentro de hoy entre el Gobernador con los integrantes de la Suprema Corte.
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