La causa que derivó en la imputación de Francisco Pérez y de otros exfuncionarios de la provincia por "incumplimiento de las obligaciones de funcionario público" surgió por supuestas irregularidades en la prórroga de dos áreas petroleras, ya que -según consta en el expediente- la empresa no habría contado con la solvencia económica para afrontar las inversiones comprometidas. Sin embargo, ésta continúa explotando ambas zonas y el Gobierno de Alfredo Cornejo no está decidido a revocar las concesiones.

En mayo de 2011, cuando Pérez era ministro de Infraestructura y Walter Vázquez (también imputado) lideraba la Subsecretaría de Hidrocarburos, el Ejecutivo provincial prorrogó la concesión de las áreas Puesto Pozo Cercado y Chañares Herrados a la petrolera homónima. El acuerdo, similar al que se firmó con YPF, extendió los permisos de explotación hasta 2027 (vencían en 2017) a cambio de una inversión que en el primer quinquenio (2011-2015) debía ascender a 266 millones de dólares. Sin embargo, lejos estuvo la empresa de cumplir con este compromiso.

La imputación recayó sobre Pérez (firmó la concesión) y contra el exsubsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez; el exdirector de Petróleo, Pedro Sánchez, y el exministro de Energía, Marcos Zandomeni, por no adoptar medidas para revertir la falta de inversión.COMPARTILOCompartiloTwittealo

De acuerdo con los registros de la Dirección de Petróleo de la Provincia, que aún no cuenta con un funcionario a cargo, la firma concesionaria invirtió 114,53 de los 266,07 millones de dólares comprometidos hasta el 31 de diciembre de 2015: 151,54 millones de dólares menos que lo establecido. Atento a esto, recién el 16 de febrero el Gobierno emplazó a la empresa y ésta deberá justificar -antes de fin de marzo- por qué no aportó los montos comprometidos, tal como establece la ley (tres meses después de vencido el plazo).

En este sentido, la petrolera Medanito, a cargo de las áreas desde 2014 (compró Chañares Herrados en una controversial operación), podría perder la concesión por "incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de inversiones", según establece el artículo 80 de la ley 17.319. Ante esto, en su descargo, la petrolera se ampararía en las "malas campañas" y en la "caída de las reservas". "Tiene que ser algo grave e injustificado para quitarle la concesión", indicaron desde Casa de Gobierno.