Esta es la segunda carta que envía el referente de los movimientos de DDHH. La anterior fue por los reclamos de las comunidades ante la posibilidad de explotaciones mineras. Nunca obtuvo respuesta.

Mientras, la situación por la cual Pérez Esquivel expresó su preocupación no es nueva, pues el Defensor del Pueblo de la Nación ya realizó al menos dos informes en la cual advierte de la situación que sufren las comunidades por parte de empresas que desmontan en la zona.

Además de recordarle que el Chaco salteño es una de las ecorregiones con mayor tasa de deforestación, Pérez Esquivel le indicó en su carta que “hoy las familias que habitan esta región están siendo sometidas a la presión de las grandes empresas, que ávidas de ganancias inmediatas y extraordinarias, desmontan y alambran las tierras que por generaciones han habitado indígenas wichí y criollos.

Empresas como Rumbo Norte Proyecto Inmobiliario Rural SA, aparecen desde otros puntos del país, incumpliendo fallos de la Justicia salteña, cortando los caminos utilizados por los campesinos y las comunidades indígenas, deslindan tierras, de aquellos que durante décadas se les dijo que ‘estaban haciendo patria en el Chaco’, con el agravante que fomentan el conflicto social intentando enfrentar a pobres contra pobres, para quedarse con las tierras que por derechos adquiridos son de quienes las habitaron tradicionalmente”.

En este punto, refirió a los amparos presentados ante la jueza María Cristina Montalbetti, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala II, quien hizo lugar a los pedidos de las comunidades ordenando parar los desmontes. Ante ello, se indicó que los referentes de las empresas fueron hasta las comunidades a presionar a sus integrantes para que firmen convenios que hagan caer estas medidas.

Pérez Esquivel apeló a la “vocación de estadista” del gobernador al momento de expresar que “si en otros momentos de la historia de nuestro sufrido país, se vendieron tierras con población adentro, sin tener en cuenta los derechos constitucionales de los pueblos originarios, ni el derecho de posesión de la población campesina, hoy está en sus manos frenar estos atropellos”.

Solicitó gestione una solución que evite que se siga avanzando con una situación que causa “enorme sufrimiento a familias indígenas y campesinas de la zona, y se busque una solución integral que preserve el ecosistema del Chaco salteño en la cuenca del río Bermejo, a la vez que siga dando cobijo a las comunidades wichí y familias campesinas, que han compartido la tierra por generaciones”.