El gobernador Francisco Pérez ordenó al titular de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA), Alejandro Neme, seguir adelante con la licitación de las áreas petroleras del sur provincial mientras la Casa Rosada y las provincias productoras de hidrocarburos negocian -por ahora sin grandes avances-  una nueva ley que regule la exploración y la explotación de los combustibles no convencionales y de crudos pesados (que implican inversiones superiores a las de los yacimientos tradicionales).

La decisión de Pérez fue que la primera licitación a la que llamó EMESA, y que estuvo rodeada de  polémica porque YPF decidió no presentarse a la misma cuestionando el modelo de negocio planteado en los pliegos, quede afuera del nuevo marco legal que se está diseñando en Buenos Aires y que produce indisimulables enfrentamientos entre la Nación y las provincias productoras.

“La próxima licitación a la que llamemos sí deberá contemplar los parámetros que se legislen de ahora en más, pero de ningún modo la nueva ley puede tener alcances retroactivos y afectar a esta licitación”, explicó un funcionario de Pérez. 

Por eso hoy a las 10, EMESA abrirá el sobre B de la licitación, el cual contiene las ofertas económicas de los distintas empresas y UTE que se presentaron. Sólo trascendió informalmente que cuatro de las empresas o alianzas de empresas calificaron en esta segunda instancia, mientras que otras tres empresas o alianzas quedaron afuera por no cumplimentar todos los requisitos solicitados en los pliegos. Esto último afecta el éxito de la licitación, ya que de las ocho áreas a las que se llamó a concurso sólo la mitad tendrán ofertas validadas por el Gobierno y serán concesionadas. 

Recordemos que de las ocho áreas petroleras que licitó EMESA, dos no interesaron a ninguna petrolera en la primera selección, la del sobre A que se abrió a mediados de mayo. Se trata de las áreas Cerro Manzano D y de Cerro Manzano F. Pero las otras seis áreas (Lindero de Piedra; Agua Botada; Sierra Azul Sur-Calmuco; Puelén; Sierra del Nevado y Cerro Manzano C) recibieron propuestas que fueron evaluadas por el Gobierno provincial y cuya suerte se conocerá hoy. 

Como ya trascendió que tres de los oferentes no pudieron cumplir con los requisitos del sobre B, sólo cuatro de las ocho áreas iniciales tendrán planes de inversión -lo que se conocerá hoy-  los cuales serán analizados por el directorio de EMESA en una reunión que tiene fecha tentativa entre el 10 y el 14 de julio. Si todo sale según lo tiene planeado la administración de Pérez, a fin del mes entrante se firmarían los contratos entre EMESA y las concesionarias de las cuatro áreas y el 1 de agosto éstas comenzarían oficialmente la etapa exploratoria en los yacimientos. 

Todo un gesto

“El Gobernador prefirió seguir adelante con la licitación. Esto es todo un gesto ya que cuando la presidenta Cristina Fernández llamó a los gobernadores a Olivos y les planteó el borrador de una ley para atraer inversiones hidrocarburíferas, se supo que muchos aspectos de ese texto colisionaban con el plan de negocios propuesto por EMESA en su licitación”, explicó un funcionario mendocino, quien admitió que por varios días se pensó en dejar caer la licitación provincial. 

Básicamente, la ley que Cristina Fernández impulsa a pedido del CEO de YPF, Miguel Galuccio, dispone que las provincias sólo podrán acceder a la renta petrolera a través de las regalías y limita la participación de las empresas provinciales de energía, como EMESA, en las licitaciones prohibiendo el acarreo en la etapa exploratoria. 

El acarreo fue una de las condiciones que EMESA puso en esta licitación y lo que llevó a Galuccio a decidir que YPF le hiciera un desplante a Pérez y a Mendoza, aduciendo que encarecía la inversión innecesariamente. En la práctica implica para la empresa provincial de energía la posibilidad de asociarse con una firma privada sin poner dinero en la etapa inicial ya que es titular del área y participar, luego, de los dividendos en un porcentaje que va del 10 al 20% (en la licitación de EMESA es del 10%). 

Además, el borrador de la ley que circuló hace dos semanas en Olivos no permite la “reserva” de áreas que las Legislaturas vienen haciendo para las empresas provinciales de energía, instrumento del que éstas se valen para llamar a licitación, lo que fue leído por los gobernadores como un intento claro de Galuccio y la Rosada de hacer “desaparecer” las empresas provinciales de petróleo.