El gobierno de Francisco Pérez recibió la orden judicial de pagarle 9,7 millones de pesos a 890 empleados y funcionarios judiciales. Se trata del grupo que reclamó sueldos caídos sobre la base de la derogada ley de "enganche" del personal con los integrantes de la Suprema Corte. El reclamo se inició hace once años y se refiere a los últimos meses previos a la derogación del "enganche" en 2002.

El Tribunal de Gestión Asociada en lo Comercial y Civil número 1, dispuso la ejecución de una sentencia de la Suprema Corte luego de un largo proceso y de la intervención de infinidad de conjueces. La cédula ordena a Pérez "que proceda a reliquidar las remuneraciones de los actores desde el 1 de enero de 2002 hasta el 30 de junio de 2003", conforme el régimen entonces vigente, es decir "la porcentualidad respecto de la retribución efectivamente cobrada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia en ese lapso según la normativa vigente, más sus intereses legales hasta su efectivo pago".

La existencia de sentencia y de una ejecución de sentencia no significa que los 890 reclamantes vayan a cobrar mañana. Es que está vigente la Ley de Emergencia Económica de 2001 que impide el embargo de las cuentas públicas y que obliga a la Justicia a notificar a la Fiscalía de Estado en cada sentencia que condene al Estado a pagar o indemnizar.

La Fiscalía de Estado ?recolecta' estas sentencias hasta el 31 de agosto de cada año y con ellas aporta ese listado a la elaboración del presupuesto del año siguiente. Éste, a su vez, es discutido en la Legislatura provincial que podrá aprobar total o parcialmente ese listado, para autorizar los pagos del próximo año. Por lo tanto, los beneficiarios de esta causa deberán esperar como mínimo uno o dos años de acuerdo con la cantidad de casos similares que la anteceden. La causa tiene el número 79.435 y está caratulada "Pinto, Carlos Alberto y otros contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza" y es originaria de la Sala Primera de la Corte.

La sentencia se dictó inicialmente hace tres años y la Contaduría General de la Provincia llegó a presentar una primera liquidación de los haberes brutos e intereses reconocidos y las partes llegaron a acordar la suspensión de los plazos. No obstante a pesar de estar todo listo, por entonces no se produjo la liquidación final. Todo derivó a que en julio de 2012, la Contaduría General presentara una nueva liquidación y en esta oportunidad los judiciales reclamantes prestaron una conformidad sólo parcial sobre al capital. A diciembre de 2012 la liquidación alcanzó la suma de 4.908.155,95 en concepto de haberes brutos y 4.821.346,01 de intereses.

La decisión fue adoptada por una Suprema Corte de Justicia integrada por conjueces que intervinieron a lo largo del proceso como Sigal Rubinstein, Margarita Livellara, Antonio Puertas, Norma Mut, Eduardo Luna y Juan Carlos Candela.

Por su parte, el proceso judicial fue impulsado por el estudio Espinase, Frías, Lucero cuyos titulares decidieron permanecer en silencio sobre el tema.

Otro caso

No es el único proceso de este tenor ya que la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales que dirige Carlos Ordóñez lleva adelante un proceso similar que también tramita la última etapa de ejecución de la sentencia. En este caso se trata de 1.200 judiciales lo que permite estimar un reclamo superior a los doce millones de pesos.

La llegada de la finalización de procesos judiciales de más de una década se produce en el año en que el Gobierno provincial y el gremio judicial alcanzaron un inédito entendimiento que permitió que -por primera vez en el último lustro- los Tribunales no hayan sufrido cortes en el servicio.