Diario UNO solicitó por escrito a la Escribanía General de Gobierno el listado de integrantes del gabinete que han presentado su declaración jurada de bienes hasta la fecha (como marca que deben hacerlo de manera obligatoria el decreto 262, de 1990) y tras la aceptación del pedido se descubrió que si bien Pérez y su vicegobernador Carlos Ciurca cumplieron con la medida a poco de asumir (entre diciembre de 2011 y febrero de 2012), casi todo el resto del elenco gubernamental está en falta.

De los 15 funcionarios de primera línea (entre ministros y secretarios) sólo cuatro cumplieron con la regla y el resto o bien no tiene actualizada su declaración jurada o directamente no la presentó, a pesar de que ya hace más de un año y medio que están en el cargo.

Marcelo Costa (Hacienda), Rolando Baldasso (Infraestructura) y María Inés Abrille de Vollmer (Educación) son los ministros que figuran en el listado de la Escribanía y en regla. Sobre la hora, aparece también el secretario Legal de la Gobernación, Francisco García, quien a pesar de ser la mano derecha de Pérez la presentó el pasado 17 de mayo, 16 días después de que el gobernador lanzara su cruzada transparentadora. Ellos conforman el magro grupo de funcionarios cumplidores. Hay tres que demoran la actualización de su declaración jurada (Félix González, Diego Martínez Palau y Javier

Espina) porque entienden que basta con haberla presentado cuando ingresaron al Gobierno, en el 2009. Sin embargo, el decreto 262 exige actualizaciones cada tres años.

El grueso de los colaboradores de Pérez está en falta. Marcelo Barg (Agroindustria) aclaró que espera por un certificado de una propiedad en Pilar para presentarla, mientras que Carlos Díaz Russo (Salud) y Guillermo Elizalde (Desarrollo) reconocieron que no habían siquiera iniciado el trámite. Este último ministerio asoma como el más incumplidor: las declaraciones juradas deben presentarse hasta el cargo de director y casi ningún subsecretario de Desarrollo lo hizo. Una situación similar se detectó en otros ministerios.

Marizul Ibáñez (Cultura), Marcelo Locamuz (Deportes) y Marcos Zandomeni (Ambiente) no se acercaron a la Escribanía, como así tampoco el secretario coordinador de los ministros, Eduardo Bauzá, y el ministro de Seguridad, Carlos Aranda.

Aún no hay proyecto

El decreto de Bordón es casi testimonial. Las declaraciones se presentan a sobre cerrado y no pueden abrirse salvo por pedido de un juez. Por eso la exigencia de Pérez en sancionar una nueva ley de Ética que permita ventilar, entre otras cosas, los bienes que declaran los funcionarios, como ocurre en la Nación. Sin embargo, hace un mes que el gobernador hizo el anuncio ante la Asamblea Legislativa y el proyecto ni siquiera está en análisis en el Ejecutivo.

Lo que se supo durante las últimas semanas fue que se tomarían proyectos ya presentados por legisladores oficialistas o bien opositores y que van en ese mismo sentido. Uno de ellos pertenece al diputado radical Tadeo García Zalazar, que apunta a la conformación de un Departamento de Transparencia de la Función Pública y el otro lo firmó el senador del Frente para la Victoria Fernando Simón, quien, entre otras cosas, pide que las declaraciones juradas sean de acceso público.