Los empresarios hidrocarburíferos le restaron importancia este miércoles al reclamo planteado por el Sindicato de Petroleros Privados que conduce Guillermo Pereyra para que despidan y reemplacen por mano de obra local a más de 1.300 trabajadores provenientes de otras provincias y que cumplen funciones en yacimientos de la región.

El concepto en el que coincidieron los hombres de negocios consultados por este diario es que “el pedido elevado por Pereyra horas atrás es inconstitucional dado que viola los derechos establecidos en la Carta Magna Nacional y no deja de ser una mera expresión de deseo”.

En este sentido, citaron el artículo 16 de la Constitución en el que se establece que en la Nación Argentina “todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

Agregaron que el despedir sin causa y reemplazar al personal solo por el reclamo del sindicato sería exponerse a millonarios juicios por discriminación y el gremio a su vez se expone a una denuncia por coacción si boicotean a la empresa”.

Indicaron además que “se argumenta personal vacante y mano de obra desocupada en la región pese a que el gran problema que enfrenta la actividad, no sólo en la cuenca neuquina sino en otras regiones del país es la escasa capacitación profesional que exhibe el personal vacante”.

Para los empresarios, el verdadero fondo de la cuestión está en las propias palabras de Pereyra, cuando explicó que se realizó un análisis de los padrones de la obra social de los petroleros.

“Detrás de esos 1.300 afiliados cuyas familias viven en otras provincias hay gastos de salud que se facturan en otros establecimientos privados y públicos que luego son exigidos en el cobro a la obra social de los petroleros. Habría que ver qué es lo que pasa con las cuentas de la obra social”, sentenciaron.