El juez de Instrucción Penal subrogante, Andrés Luchino, rechazó por "inadmisible" la petición de suspensión del proceso a prueba efectuada por un hombre, imputado de desobedecer en reiteradas ocasiones la restricción de proximidad con su familia por hechos de violencia de género, así como de retener indebidamente bienes de propiedad compartida, quien pretendía eximirse de los efectos de esas conductas donando materiales descartables al hospital de San Martín por valor de 100 pesos.

Luchino fundó su decisión –que aún no está en firme– en los alcances de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La defensa había solicitado la suspensión del proceso a prueba argumentando que todo el grupo familiar se encontraba bajo tratamiento psicológico, lo que "ha mejorado mucho su relación con la víctima", para sostener que "es su intención continuar con las negociaciones tendientes a liquidar el patrimonio adquirido durante el concubinato".

A criterio del juez, el conflicto primario "no ha sido solucionado pese a haberse conferido un espacio propicio para avanzar en tal sentido, persistiendo la voluntad de la víctima de que el imputado continúe con la prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, aún cuando haya manifestado que no se opone a que se le conceda el beneficio".

Señala Luchino que el imputado, vecino de San Martín, "ha demostrado su desapego a las órdenes recibidas por el juez, a la par de despreciar la integridad física y psicológica de su ex pareja, no habiendo evolucionado significativamente la composición de la controversia existente, que aparenta haber iniciado en una situación de violencia familiar que ameritó el dictado de una medida cautelar para tutelar" a su concubina.