La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires envió el proyecto de Presupuesto 2023 al Poder Ejecutivo y espera su aprobación para delinear su funcionamiento el año entrante. Insistencia con el pedido de mayor autonomía para la toma de decisiones, mejoramiento de los salarios y obras millonarias proyectadas son algunos elementos que sobresalen. 

El expediente, al que La Tecla accedió, solicita determinar para la jurisdicción “Administración de Justicia” el monto de $145.605.300.000 y aclara que no contiene pauta salarial. Asimismo, para el Ministerio Público se proyecta la suma de $78.351.499.678, y se deja  establecido que el crédito correspondiente a la Tasa Retributiva de Servi-cios Judiciales asciende al todal de $5.700.000.000.

 

Una de las demandas que se destacan en el proyecto es el pedido de “recursos adicionales necesarios para hacer frente a los incrementos de los haberes del personal del Poder Ju-dicial, conforme una política salarial establecida por la Suprema Corte de Justicia, orientada a jerarquizar las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y agentes”.  Además se plantean “créditos necesarios para la adecuación de las categorías y niveles en la escala jerárquica hasta la suma de $35.737.419.900”.

En ese sentido también se pidió al Ejecutivo y la Legislatura que en la Ley del Presupuesto bonaerense “se incorpore un precepto o párrafo adicional en la norma respectiva, según el cual, en el caso de las remuneraciones de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, las atribuciones del Poder Ejecutivo, en orden a la adecuación del Presupuesto, sean ejercidas de acuerdo con la iniciativa o propuesta que formulare la Suprema Corte de Justicia, sobre la base de los objetivos institucionales de la política salarial para el Poder Judicial”.

En los fundamentos de la iniciativa se aseguró que “se estima impostergable la incorporación de una reforma que deje de lado el cuadro de anomalía institucional existente y al mismo tiempo permita sentar las bases institucionales para la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera”.

En cuanto a la pauta salarial adelantaron que “deberá en su momento ponderarse la estimación del incremento del costo de vida correspondiente al año venidero”.